Julio Bernardo Castro ha sido condenado a 9 años de inhabilitación por la Audiencia de Granada por un delito de prevaricación en el caso Mercamed al detectarse irregularidades en las contrataciones realizadas para la feria de Tetuán del año 2011. La sentencia, además, absuelve a otras 11 personas y a las entidades presentes en el proceso después de que se les adjudicaran servicios que luego no se llegaron a prestar.
Se considera probado que se fraccionaron contratos para realizar la feria Mercamed en Tetuán y sin ningún expediente en materias como transporte de material, seguridad o montaje. Este fraccionamiento se hizo con la intención de evitar los controles legales.
Además, ninguna de las empresas a las que se adjudicaron servicios realizó prestación alguna para la Diputación de Granada. A pesar de esto se presentaron las facturas correspondientes para cobrar el importe de lo contratado. Estas facturas recibieron el visto bueno de los técnicos de la Diputación y del vicepresidente.
La Audiencia también incide en el hecho de que Julio Bernardo Castro conocía que no se habían realizado esos servicios y que, a pesar de ello, dio luz verde al cobro de las facturas.
El condenado afirmó que su única intención fue que la feria se celebrara ante la situación sobrevenida de que el material estuviera retenido en el puerto de Tánger y que su actuación evitó que la Diputación perdiera subvenciones europeas. El tribunal, no obstante, discrepa de esta versión aludiendo a una cláusula de la convocatoria de la feria en la que la Diputación tenía la potestad de suspender o anular la actividad por circunstancias excepcionales y que éstas la eximían de cualquier responsabilidad.
La Audiencia considera probado el delito continuado de prevaricación por parte de Julio Bernardo y por ello le condena a 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
