Enrique Quiñonero Cervantes, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) ha citado a declarar a Pedro Antonio Sánchez, ex presidente de Murcia, en calidad de imputado, o de investigado según la terminología actual impuesta por el ministro Catalá, el próximo martes día 6 de junio. De este modo se inician las diligencias previas para averiguar la comisión de los presuntos delitos de cohecho, fraude a ente público y revelación de información reservada. El ex presidente de la Región de Murcia declarará de este modo en el Tribunal Superior de Justicia por su condición de aforado.
En la exposición de esta pieza separada de la Púnica se afirma que en el año 2014 Pedro Antonio Sánchez no tenía muy buena prensa por las sospechas de que estaba vinculado a ciertos temas relacionados con la corrupción urbanística del «caso Auditorio» en los tiempos en que fue alcalde de la localidad de Puerto Lumbreras. Ciertas noticias relacionadas con esta posible implicación afectaban a la reputación de Sánchez cuando optaba a sustituir a Ramón Luis Valcárcel. Ahí están los presuntos delitos fraude por los que se imputa al ex presidente de Murcia ya que hubo un presunto acuerdo entre los investigados José Antonio Alonso y Alejandro de Pedro y Pedro Antonio Sánchez para mejorar la reputación on line de éste.
Estos trabajos estarían facturados con dinero público cuando, en realidad, se trataba de un trabajo estrictamente privado, además de que presuntamente fueron pagados con partidas de la Consejería de Cultura. Ahí está el cohecho. Y en lo referente a la revelación de información reservada, la acusación contra Sánchez viene porque se comunicó información institucional a la empresa que iba a contratar el ex presidente que aquélla no debía conocer.
Las reacciones han sido las esperadas. Por parte del PP se sigue afirmando que Sánchez no contrató, ni pagó ni firmó nada con las empresas de la trama Púnica. El PSOE, a través de Rafael González Tovar, ha exigido a Sánchez que entregue su acta de diputado regional y le ha pasado la patata caliente a los socios de gobierno del PP, a Ciudadanos, reclamándoles que no permitan que el ex presidente siga en la Asamblea.
