Podemos Andalucía ha solicitado a los responsables de la Junta de Andalucía que se deben depurar las responsabilidades por la indemnización de 165 millones de euros que se debería pagar al promotor del Centro Comercial Nevada de Granada. Ese dinero, subrayan desde Podemos, al final saldrá del bolsillo de la ciudadanía. Esto demuestra, dicen en la formación podemita, el “descontrol interno de la Junta y la mala organización”. De la que es muestra el caso del Nevada.
En su momento el juez de la sala de Lo Contencioso Administrativo, 28 de abril de 2014, ya expresó en la sentencia que la Junta dejó precluir los plazos oportunos para la impugnación, de haberlo hecho en tiempo y forma se hubiese evitado el “daño al interés público”. La sentencia Toledano, conocida así por el apellido del juez, ha servido de sustento para los 165 millones de euros que deberá abonar la Junta al promotor Tomás Olivo. Los ocho años por los que la Junta tuvo parada la construcción del centro comercial deberán ser indemnizados. La cantidad se ha basado en unos informes periciales del empresario que la Junta no rebatió porque sus abogados no asistieron a la vista judicial fijada el pasado 6 de junio de 2016, hecho que el TSJA ha destacado y censurado duramente en su sentencia de hace unos días.
Una clara falta de dejadez institucional y administrativa que es, justamente, lo que critican desde Podemos. La Junta, según las sentencias, no veló en su momento (2005) por la legalidad urbanística. Pero, aunque, inició el proceso de paralización de las obras en 2006, que es lo que ha dado lugar a los ocho años de indemnización, mantuvo la administración andaluza una parálisis administrativa total que ha dado lugar a toda esta situación. Al final el TSJA declaró que no eran ilegales las obras y de ahí la solicitud de compensación económica del afectado.
Con independencia de las posibles irregularidades urbanísticas (hubo sentencias penales contra promotor y munícipes en 2010 y 2011), y que el Ayuntamiento de Armilla concediese la licencia de obras para construir, el TSJA tuvo que confirmar su vigencia al no haber sido impugnada por la Junta de Andalucía por los cauces y en los plazos que establecen las leyes. No actuaron con celeridad para anular la licencia y han generado este grave despilfarro para las cuentas andaluzas.
Carmen Lizárraga ha atacado al gobierno de Susana Díaz por una gestión que consideran “ineficiente, antieconómica y antisocial. Sale muy caro que pasen estas cosas y que sus responsables se vayan de rositas”. El “despropósito” será parte del Pleno parlamentario pues son varias las preguntas que llevará Podemos en este sentido. “La Junta no movió un dedo para solventar la situación y no es más que otra muestra del funcionamiento ineficaz de los controles de la Junta” ha sentenciado Lizárraga.
