Al fin la cordura se ha apoderado en el Partido Popular en lo referente al acercamiento de los presos etarras a cárceles próximas a Euskadi. Según informa la Cadena SER, el PP y el Partido Nacionalista Vasco están aproximando posturas para llegar a un acuerdo que finalice con una política de dispersión de presos que ya no tiene ningún sentido por más que desde ciertos sectores se presione para que no sólo se mantenga, sino que se endurezca. Casualmente, esos sectores están representados por personas que se han aprovechado del terrorismo de ETA para medrar, se han aprovechado de los mensajes de odio y venganza para escalar y conseguir una notoriedad que por sus propios méritos hubiera sido imposible lograr.
La información de Ana Terradillos expone que el acuerdo marco establece que los presos de ETA serán trasladados a cárceles que no se encuentren a más de 250 kilómetros del País Vasco siempre y cuando esos presos acepten una serie de condiciones, la principal, aceptar la ley penitenciaria española. Se han establecido diez prisiones, entre las que destacan las situadas en León, Soria, Zaragoza o Burgos, todas ellas a menor distancia de la establecida y acondicionadas para poner en práctica los programas de reinserción que se recoge en la ley penitenciara.
No hay una fecha concreta para empezar a realizar este movimiento, pero fuentes consultadas por la Cadena Ser afirman que los primeros pasos se podrían comenzar a dar en menos de un año.
Mantener la política de dispersión de presos era una anomalía legal y moral porque, cuando el gobierno de Felipe González la implementó, España se encontraba en los años más duros de la actividad terrorista. Sin embargo, ETA lleva sin matar a nadie desde el año 2011 y ya ha dado pasos tanto de cese definitivo de la lucha armada como de desarme. Ahora mismo no tiene sentido el mantenimiento de la dispersión porque ya no hay que romper ninguna conexión con ETA y el hecho de que aún haya más de 250 presos en cárceles españolas con distancias superiores a los 500 kilómetros respecto a sus hogares es ya un castigo que se está aplicando a las familias.
Sin embargo, el Partido Popular va a tener complicado explicar el giro en su política penitenciaria. En este país ha habido demasiada gente que se ha aprovechado de la existencia de ETA y, una vez que la banda terrorista va a desaparecer, no pueden permitir que salga de la actualidad. Lo estamos viendo con los casos de presunto enaltecimiento del terrorismo a través de las redes sociales o coartar el derecho a la libertad de expresión por unas más que dudosas injurias a las víctimas.
Cuando ETA, los Grapo o FRAP asesinaban la derecha o la ultraderecha de este país utilizaron de manera constante el argumento del terrorismo como herramienta política. Ya durante la Transición, en las manifestaciones que Fuerza Nueva organizaba en casi todos los funerales de asesinados por la acción terrorista, se agitaban dos argumentos: la unidad de España y las víctimas del terrorismo. Durante la democracia los españoles fuimos testigos de cómo el Partido Popular de José María Aznar (quien, por cierto, también es víctima) utilizó políticamente a las asociaciones de víctimas. No hay más que recordar las palabras del ex presidente en el Parlamento responsabilizando a Felipe González de todos y cada uno de los asesinados por ETA. Lo mismo podemos decir de partidos experimentales como UPyD que se hicieron fuertes agitando el mismo discurso.
También es destacable cómo muchas víctimas o familiares de víctimas han medrado políticamente gracias a la memoria de los muertos. Muchos de estos son los que más agitan el fantasma de ETA porque con la ausencia de la banda terrorista de la actualidad su presencia en la primera línea deja de ser imprescindible y ya no da rédito político.
El Partido Popular está en el camino correcto y no debe plegarse a las presiones de los sectores más ultras de su organización ni de las personas que se han aprovechado del dolor para ganar notoriedad.
