Por si no fueran pocos, tres son los sumarios abiertos contra el alcalde de Olula del Río, Antonio Martínez Pascual. Uno por la rotonda de los Carretilleros, obra que se terminó antes de las elecciones municipales de 2015 pero que no se firmó junio de ese mismo año por Gabriel Amat como presidente de la Diputación y Miguel Ángel Castellón como delegado del área urbanística. Dos, proveniente de la trama Gürtel, se refiere a unas obras de eficiencia energética. Y el tercero es la adjudicación “a dedo”, sin concurso, de un complejo de casas rurales a María Dolores Rubio con los informes técnicos en contra.
Javier García, Miguel Ángel Castellón, Almudena Valentín, José Fernández y María del Mar Vázquez firmaron la adjudicación de las obras en la Junta de Gobierno del 9 de junio cuando las obras las dio por concluidas el Ayuntamiento el 19 de mayo. Lo más irregular es que Castellón firmó el 23 de julio un programa de actuaciones para esas obras concluidas. Por tanto, un programa acomodado para justificar a posteriori la adjudicación a dedo. Pero la imputación, de momento, para Castellón se produce por los informes anónimos que se hicieron constar en la adjudicación del concurso de eficiencia energética. Esos informes exponían todos los aspectos negativos de las demás empresas salvo de la adjudicataria que está en la Trama Gürtel. Son investigados, por tanto, Antonio Martínez, alcalde de Olula y amigo de Mariano Rajoy, Miguel Ángel Castellón y María Dolores Rubio, la adjudicataria del complejo de casas rurales.
Reacciones de los partidos de la oposición.
Ciudadanos, socio de gobierno en el Ayuntamiento de Almería, ha manifestado que piensan hacer cumplir a Fernández Pacheco el acuerdo de gobierno firmado. “El documento es claro y no nos temblará el pulso para hacerlo cumplir llegado el momento” ha expresado Miguel Cazorla. El portavoz ciudadano, no obstante, cree que hay que ser cautos con la presunción de inocencia y “no vamos a pedir hoy la dimisión porque aún no ha sido llamado a declarar”. Pero “cuando la juez determine que es una investigación (antes imputación) en firme, pediremos que se aparte de su cargo público” ha concluido Cazorla.
Entienden desde la formación naranja que “los tiempos políticos no son los mismos que los judiciales” y la situación a la que se enfrenta el consistorio es complicada. Pero que no quede duda de que si hay investigación, tal y como recoge el primero de los puntos firmados en el acuerdo de investidura, se solicitará la dimisión de Castellón.
Desde el PSOE, por su parte, ha exigido que el Alcalde de Almería que “cese cautelarmente de sus responsabilidades al primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Castellón”. Juan Carlos Pérez, portavoz socialista en la capital, cree que no sólo tendría que estar dando explicaciones por el contrato de eficiencia energética, sino que “también tendría que estar dando ya explicaciones públicas por otro de los asuntos que investiga el juzgado: La inauguración de una rotonda en el mismo municipio de Olula de Río cuando resulta que las obras no se habían todavía adjudicado por parte del área de Fomento que dirigía Castellón en la Diputación Provincial”.
Como Ciudadanos defienden desde el PSOE la presunción de inocencia y, por este motivo, creen que las medidas deben ser cautelares “por una cuestión de transparencia y de responsabilidad”. “Ramón Fernández Pacheco no puede permitir que la sombra de duda sobre la gestión de Castellón se extienda hasta el Ayuntamiento de Almería y, especialmente, a un área tan delicada y con tantos intereses económicos como es la de Urbanismo” ha concluido el socialista. Y ha recordado a la formación naranja que ellos son los principales responsables de si dimite o no por ser socio de gobierno.
