La Consejería de Turismo y Deporte y la Federación Andaluza de Municipios y Provincia (FAMP) prestarán asesoramiento, especialmente a las localidades de menos 5.000 habitantes, para facilitar la aplicación del nuevo decreto de Municipio Turístico, una figura vinculada al apoyo económico y técnico de la Junta por el esfuerzo adicional que realizan los ayuntamientos de poblaciones con gran afluencia de visitantes.
Así lo anunciaron en Sevilla el consejero, Francisco Javier Fernández, y el presidente de la FAMP, Fernando Rodríguez Villalobos, que acordaron la creación de un grupo de trabajo formado por técnicos de ambas instituciones para facilitar la aplicación de esta normativa, que establece las medidas para garantizar la calidad en la prestación de los servicios, la preservación del entorno y la competitividad de la oferta.
El citado decreto sustituye al vigente desde 2002 y presenta como principal novedad la supresión de la anterior exigencia de una población superior a los 5.000 habitantes para obtener la declaración de Municipio Turístico. Con ello, cualquier ayuntamiento podrá acceder a sus beneficios, siempre que cumpla con los requisitos establecidos y la población de referencia sea inferior a 100.000.
Fernández destacó que esta nueva normativa «revalida el compromiso con el municipalismo y con esos ayuntamientos que asumen una carga de población mayor por la afluencia de visitantes» y subrayó su carácter «transversal», ya que las localidades que obtengan la declaración tendrán un lugar «prioritario» en las políticas específicas que desarrollen el resto de consejerías de la Junta.
El consejero aseguró que con este decreto «se va a dar la oportunidad a municipios que tienen mucho potencial a que se puedan beneficiar de estas nuevas prestaciones e incorporarse también de forma prioritaria a las políticas del resto de consejerías», por lo que confió en que, a través de la colaboración con la FAMP y las diputaciones, se pueda llegar al máximo de localidades.
Además, como apoyo a estas medidas, avanzó la puesta en marcha de una nueva línea de financiación adicional a partir del próximo otoño, en régimen de concurrencia no competitiva, a la que podrán optar todos los municipios y que será el equivalente al 10% de lo que reciben por la Patrica, un aportación «con la que se quiere mejorar los servicios turísticos y compatibilizar la afluencia de visitantes con la vida de los vecinos».
Por su parte, Rodríguez Villalobos valoró que «haya visto la luz un decreto en el que, fundamentalmente bajo el caparazón de la calidad de los servicios, se han incluido a los municipios menores», lo que, según apuntó, supone «entrar de lleno en el turismo del interior», al tiempo que resaltó que se dé «un refuerzo» económico «para que esa calidad no sea una losa más en los presupuestos locales».
El reconocimiento de una localidad como Municipio Turístico conlleva la mención de esta condición en las acciones promocionales del destino que desarrolle la Junta, así como la posibilidad de firmar convenios de colaboración en los que, como novedad, podrán participar otros departamentos del Gobierno autonómico, además de la Consejería de Turismo y Deporte.
Requisitos para el reconocimiento
Entre los requisitos para acceder a la declaración destaca el del mínimo de población visitante asistida, que debe acreditarse bien mediante la cifra de pernoctaciones bien por la de visitas. También deberá aportar la existencia de un plan municipal de calidad turística y de una oferta consistente de recursos patrimoniales, naturales, culturales, etnográficos, deportivos y de ocio, y dotada de unas infraestructuras mínimas.
Además de estas condiciones, la valoración de las solicitudes exige también el cumplimiento de al menos diez de un total de 17 condiciones. Entre ellas destacan que el ayuntamiento destine un presupuesto específico a promoción e infraestructuras turísticas, la existencia de oficinas de turismo, la relevancia de los recursos o el desarrollo de planes vinculados al sector o de accesibilidad.
Para la ponderación de estos elementos, el nuevo decreto establece la creación de una Comisión de Valoración, que será un órgano interdepartamental de la Junta que se encargará de evaluar las solicitudes. La declaración se obtendrá mediante acuerdo del Consejo de Gobierno, tiene carácter indefinido e implica la inscripción de oficio en el Registro de Turismo de Andalucía.
