Las diputaciones de Granada, Sevilla, Jaén, Córdoba, Cádiz y Huelva quieren autonomía local y provincial para realizar inversiones procedentes de su superávit, algo que actualmente impide la regla de gasto impuesta por el Gobierno central para las entidades locales. Así lo han reclamado hoy los máximos representantes de las diputaciones de Granada, José Entrena, Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, Cádiz, Irene García, Jaén, Francisco Reyes, Córdoba, Antonio Ruiz y Huelva, Ignacio Caraballo.
Los representantes de estas diputaciones han abordado las consecuencias que tiene para las entidades locales la aplicación de la regla de gasto del gobierno y para que los ayuntamientos y las diputaciones puedan realizar las inversiones que consideren convenientes con su superávit, incluyendo la posibilidad de desarrollar planes de empleo, de adquirir vehículos de servicios públicos para los municipios (bomberos, recogida de basura, policía local…) o de realizar inversiones en espacios públicos.
Los presidentes han insistido en que no están de acuerdo en que una buena parte del superávit tenga que destinarse a amortizar deuda. En una comparecencia pública, el representante de la Diputación de Granada, José Entrena, ha destacado como ejemplo que la institución que preside cierra el ejercicio pasado con un superávit de 43,6 millones, de los que 18,2 tienen que dedicarse a amortizar deuda cuando podrían invertirse para cubrir necesidades de los municipios de la provincia.
En este asunto ha incidido el presidente de la Diputación de Sevilla y presidente de la FAMP, Fernando Rodríguez Villalobos, quien ha asegurado que el 70% de las entidades locales de Andalucía tienen superávit. En este sentido, ha destacado que el superávit de los ayuntamientos andaluces asciende a 1.200 millones, a lo que habría que sumar 200 millones de las diputaciones andaluzas. “Queremos autonomía local para decidir en qué gastar el superávit”, ha afirmado Villalobos.
Además, los presidentes han compartido experiencias sobre la implantación de la administración electrónica en los municipios. También han abordado las plantillas de las instituciones. Sobre ello, han explicado que desde el año 2010 no han podido realizar una oferta de empleo público, lo que está ocasionando importantes problemas de gestión.
Por ello, han planteado llevar una iniciativa a la FEMP iniciativa para pedir al Gobierno que las instituciones provinciales puedan hacer una oferta de empleo público para cubrir las vacantes por jubilaciones.
Entre los asuntos tratados en la reunión destacan también el Plan de Caminos Vecinales que podrán en marcha las diputaciones a través de un convenio firmado con la Junta de Andalucía y que supondrá una inversión de 66,5 millones en la comunidad y la aplicación del grado 1 de la Ley de Dependencia.
