En el día de ayer se conoció que Yolanda Sánchez, la juez del Juzgado de lo Penal número 13 de Sevilla, absolvió a todos los acusados por la venta de suelos de Mercasevilla, lo que supone un verdadero golpe a la juez que instruyó el caso, la mediática Mercedes Alaya quien consideró que toda la operación estaba fuera de la legalidad. Los diez acusados fueron absueltos de los delitos de fraude, prevaricación y delito societario porque, según la magistrada Sánchez no hay delito en el concurso por el que Mercasevilla vendió la parcela objeto de investigación, hecho en el que Alaya sí que vio indicios delictivos. La sentencia no sólo es un varapalo para la instructora, sino también a la propia Fiscalía ya que el Ministerio Público solicitaba penas de dos años de cárcel para los acusados.
No es el primer juzgado que absuelve a personas acusadas por Mercedes Alaya. Ya ha ocurrido con algunos imputados en el caso ERE o en los cursos de formación. En este caso, la magistrada Yolanda Sánchez desmonta en su escrito una a una las acusaciones de Alaya.
En una entrevista concedida a Radio Sevilla, uno de los acusados, Manuel Marchena, ex gerente de Urbanismo, ha afirmado que se trató de un juicio político porque la propia instrucción «fue un despropósito» porque él, como imputado, se iba enterando de cómo avanzaban las investigaciones de Alaya por las filtraciones de la prensa que Marchena califica de «extrema derecha».
En dicha entrevista, Manuel Marchena citó en múltiples ocasiones al actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, sobre todo cuando se personó como acusación particular.
Todas las instrucciones de la jueza Mercedes Alaya han estado marcadas por la sospecha de que había un interés político detrás. En medio de los múltiples casos de corrupción en los que están imputados altos cargos del PP o el propio partido, el Partido Popular necesitaba de una trama que compensara mediáticamente y que desviara el foco desde Génova 13 al Partido Socialista para que los españoles tuvieran la impresión de que la corrupción era algo sistémico y que estaba instalada en todos los partidos. Se encontró a la instructora adecuada en el territorio correcto.
Hay que recordar que todos sus autos tenían una coincidencia sospechosa con autos del juez Ruz o con momentos políticos importantes para el PSOE andaluz. Siempre que Ruz sacaba un auto o enviaba a la Guardia Civil a registrar la sede central del PP, aparecía Alaya al rescate sin importar un ápice el daño que estaba haciendo a las personas a las que imputaba.
Esta actuación ha perjudicado a la dignidad, a la reputación y al honor de muchas personas, como es el caso de Mercasevilla. Como el propio Manuel Marchena reconoció en la entrevista citada, a todos los acusados en este caso se les ha causado un gran quebranto en su imagen y en su honor y «quiero pensar que habrá alguna salida para materializar esta crítica que estoy haciendo dentro del Estado de derecho y sin ningún perjuicio para mi persona».
Alaya es un caso más de cómo el Partido Popular interfiere en la independencia de la justicia. Lo vemos día a día en cómo el partido conservador español quiere tener en sus manos al tercer poder del Estado colocando piezas clave en los puestos clave. Recordemos que se han colocado a militantes en la presidencia del Tribunal Constitucional o que el presidente de los jueces es un hombre de FAES. Por no hablar del caso de los magistrados Enrique López y Concepción Espejel que fueron reprobados por sus propios compañeros para hacerse cargo del juicio de la Gürtel.
La corrupción es sistémica en España, pero, sobre todo, en el Partido Popular y actuaciones como el caso Mercasevilla son un ejemplo de cómo intentan esparcir su implicación hacia otros partidos sin importar el daño que se hace a personas dignas.
Los jueces independientes seguirán exculpando o absolviendo a acusados por Alaya pero nadie podrá reparar el daño que a esas personas se les ha infligido por intereses políticos o ideológicos.
