Violante Tomás, consejera de Familia de la Región de Murcia se reunió con Joaquín Barberá, presidente de la Federación de Personas con Discapacidad ‘Plena Inclusión’ y destacó que «gracias al Decreto de eliminación del copago, más de 1.000 personas se benefician este año de la supresión del pago del 33 por ciento en los servicios de centro de día para personas con discapacidad y mayores, en concreto los usuarios con pensiones no contributivas, de protección familiar y de gran invalidez».
Las personas que asisten a los centros de día de la Federación dejarán de contribuir en el pago de parte de los servicios que reciben. El objetivo de esta medida es «aliviar el pago que tienen que hacer las personas en situación de dependencia por las prestaciones que reciben». Así, dejarán de pagar por los servicios en centros de día hasta 1.006 personas.
La Consejería de Familia de la Región de Murcia financia con 12 millones de euros 938 plazas concertadas con esta federación. Más de 3,8 millones de euros son para 162 plazas en residencias, viviendas tuteladas y viviendas rotatorias para adultos con discapacidad intelectual. “Las viviendas sirven para alcanzar un grado de independencia suficiente, con un seguimiento y apoyo por parte del equipo de profesionales de este servicio, que les permite lograr una integración social plena», afirmó la consejera.
Las asociaciones de la Federación Plena Inclusión Región de Murcia ponen a disposición de los adultos con discapacidad intelectual varias opciones para vivir fuera del hogar familiar.
Acciones como esta son necesarias para dar libertad a las personas con discapacidad y a los mayores y la implicación en las mismas de las entidades públicas son fundamentales puesto que tanto las asociaciones como las organizaciones sin ánimo de lucro no pueden sostenerse sólo de las donaciones de particulares para poder aportar todas las posibilidades de las que disponen. La implicación de las autoridades públicas es fundamental para poder dar independencia a un colectivo que siempre encuentra la traba de los recortes de fondos o de la imposibilidad de acceder a estos servicios porque las empresas privadas que los gestionan tienen unos precios a los que no pueden acceder.
