A diferencia de otras Comunidades Autónomas que tienen deudas con los abogados del Turno de Oficio, la Comunitat Valenciana ha hecho efectivo el pago de 5.968.268 euros al colegio de Abogados de Valencia correspondientes al pago del turno de oficio del primer trimestre de 2017. Los procuradores también han recibido 858.661 euros por las actuaciones llevadas a cabo en el turno de oficio del mismo periodo.
En este mismo sentido, el servicio de Asistencia Jurídica Gratuita de la Generalitat ha resuelto en el primer semestre de 2017 un total de 46.495 solicitudes para recibir asistencia letrada a expensas del Gobierno valenciano en colaboración con los colegios de abogados de la Comunitat Valenciana. De estas 46.495 solicitudes, más del 83% de ellas fueron estimadas favorablemente.
Por provincias, la de Valencia registró en este periodo un total de 22.721 solicitudes, seguida de Alicante con 19.458 y 4.316 en Castellón. En Valencia, el 84,40 por ciento de las solicitudes se resolvieron favorablemente, mientras que en Alicante, el porcentaje descendió al 76,45 por ciento y en Castellón fue del 88,42%. Durante todo el año pasado, fueron 112.997 los usuarios beneficiados por este servicio público en la Comunitat Valenciana. De ellos, 12.505 fueron en Castellón, 48.607 en Alicante y 51.885 en Valencia.
Como explican desde la Conselleria, la asistencia jurídica gratuita se canaliza a través de los Servicios de Orientación Jurídica (SOJ) de los diferentes colegios de abogados valencianos. Entre las funciones de los SOJ destacan, entre otras, el asesoramiento previo a las personas que soliciten asistencia jurídica gratuita con la finalidad de orientar y encauzar sus pretensiones e informar sobre la posibilidad de acceso a medios extrajudiciales alternativos de solución de conflictos.
Además, en la Comunitat Valenciana, desde el pasado 10 de febrero, está en vigor el nuevo reglamento de asistencia jurídica gratuita elaborado por la Conselleria de Justicia. El reglamento extiende el servicio de justicia gratuita a un mayor número de colectivos y mejora la asistencia para mantener el compromiso del Consell con los más desfavorecidos. En este sentido, la normativa mejora su cobertura y extiende la atención de manera especializada. Según ha explicado la consellera Gabriela Bravo: “La implantación de este nuevo modelo de justicia gratuita mejora y extiende la atención especializada de aquellos grupos sociales más necesitados de apoyo público cuando se ven obligados a defender sus derechos y sus intereses ante las administraciones públicas”.
Entre estas novedades destaca el refuerzo de los servicios de orientación y acceso a la justicia de las personas con diversidad funcional, a las que tengan la capacidad modificada judicialmente o sean presuntos incapaces, y a las personas dependientes cuando en todos estos casos precisen de la ayuda de otras personas para realizar las actividades más esenciales de la vida diaria. Tal y como ha dicho Bravo, “es una propuesta que aplica una política proactiva de igualdad de oportunidades mediante acciones positivas que impulsa la Administración”.
Además, el nuevo reglamento pone en funcionamiento nuevos servicios de orientación jurídica especializados en el ámbito de la extranjería e inmigración, donde las personas que acudan recibirán información y asesoramiento sobre su situación legal de residencia o solicitudes de asilo o refugio.
