El Gobierno de la Región de Murcia ha anunciado que continuará manteniendo su apoyo a los funcionarios y ex altos cargos afectados por la querella interpuesta por la la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), ofreciendo a todos ellos asistencia jurídica, a propuesta de la consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente.
Así lo ha explicado el director general de Bienes Culturales, Juan Antonio Lorca, quien ha señalado que «los servicios jurídicos de la Comunidad asumirán, si así lo desean los afectados, su representación y defensa ante la demanda que les afecta relacionada con el ejercicio de sus funciones en la Administración regional».
Y es que el presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, ha interpuesto una querella contra la exdirectora general de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura, María Comas Gabarrón, el jefe del Servicio de Patrimonio Histórico, Miguel S.N.T., y otros cuatro técnicos de ese departamento. Mendoza les acusa de un delito de prevaricación continuada debido a una serie de decisiones que afectaron al crecimiento urbanístico del campus de los Jerónimos.
Así, Mendoza reclama al juez que fije para los querellados una fianza de quince millones de euros por los daños económicos causados a la institución docente privada, al no poder construir más pabellones para tener más alumnos. Es decir, José Luis Mendoza exige esa enorme cantidad porque considera que la actuación de los acusados no le dejó ganar más dinero.
