El borrador del decreto de atención temprana redactado por el Gobierno regional ha incorporado sesenta y seis alegaciones procedentes de profesionales, asociaciones de padres, federaciones de personas con discapacidad, del Comité de Personas con Discapacidad de la Región de Murcia y de la Federación de Municipios, según explicó ayer lunes la consejera de Familia, Violante Tomás, tras reunirse con la presidenta de la Asociación de Atención Temprana de la Región de Murcia, María Santos.
Entre las alegaciones que se han incorporado, se incluyen treinta y cinco de profesionales y miembros de la Comisión Regional de Atención Temprana (CRAT). Según las peticiones del CRAT, se ha modificado el título del decreto, varios artículos para que se tuviera en cuenta la opinión de los técnicos de los centros de atención temprana, a la hora de la valoración, y se ha añadido la posibilidad de que los padres presenten voluntariamente un informe de valoración técnica realizado por estos equipos profesionales.
“Para nosotros es prioritario dar una atención especializada a los niños menores de 6 años que tengan problemas en su desarrollo o riesgo de padecerlos”, señaló la consejera, quien recordó que “estamos trabajando en este decreto para que sea un servicio público, universal, gratuito y de calidad para todos estos menores y sus familias. En sintonía con las peticiones de los técnicos, también se ha modificado el artículo 15 a fin de reafirmar la gratuidad del sistema”.
Según la Comunidad el texto “da respuesta a las necesidades de la sociedad regional respecto a la regulación de la atención temprana, garantiza la equidad en la financiación de los ayuntamientos, que pasarán de recibir el importe mediante subvenciones a hacerlo mediante contrato, de manera que se pagará por cada niño que la reciba.
“Los ayuntamientos verán, en la gran mayoría de los casos, un aumento del presupuesto para financiar este servicio”, aseguró la consejera.
Además, ha asegurado que cuando entre en vigor la norma ninguna familia tendrá que copagar por este servicio, como actualmente ocurre en algunos centros, que era una de las demandas de las federaciones de asociaciones de padres y madres.
El nuevo decreto “dotará de mayor seguridad y estabilidad financiera a las familias y entidades que prestan el servicio -añade la Comunidad- al ser reconocido como un derecho universal”.
