Desde el 20 de noviembre de 2011 en que el Partido Popular ganó las Elecciones Generales con una mayoría absoluta consecuencia de la situación de desesperación de millones de españoles ante los primeros efectos de la crisis económica gestada por los poderes económicos y de un programa electoral «populista» que prometía todo lo que los ciudadanos esperaban del gobierno que sustituyera al de José Luis Rodríguez Zapatero, España ha visto cómo se ha legislado en contra de los derechos laborales y salariales de la clase obrera. La Reforma Laboral ha generado un escenario en el que el empresario tiene todas las herramientas para vulnerar los derechos que tantos sacrificios, y vidas, costó conquistar. No hay más que ver el tipo de empleo que se crea en este país desde que gobierna Mariano Rajoy: precario, temporal, con salarios por debajo del nivel de la pobreza. Por otro lado, fue el propio presidente quien insinuó que había que «modular» el derecho a la huelga tras el éxito de la lucha de los barrenderos y jardineros de Madrid. La palabra modular en este contexto era un eufemismo que se podría traducir como derogación. Los hechos han demostrado cómo también se ha perseguido a los sindicalistas por defender los derechos de los trabajadores.
El último atentado contra los derechos laborales lo hemos visto perpetrarse a través del recurso del Gobierno contra el decreto que devolvía la jornada laboral de 35 horas a los funcionarios de la Junta de Andalucía en el Tribunal Constitucional (TC) y la posterior suspensión cautelar de una medida justa por parte de uno de los pilares de nuestro Estado de Derecho cuya función es la de defender los valores democráticos y constitucionales pero que, estando en manos de conservadores que defienden cosas que van en contra de los derechos de los españoles y, sobre todo, de las españolas, no es de extrañar que también estén en contra de los trabajadores. El Pleno del TC ha decidido admitir a trámite el recurso del Estado contra la normativa de la Junta de Andalucía que permitía poner en marcha esta medida, en vigor desde enero de 2017.
Las reacciones no se han hecho esperar. El portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, ha exigido al Ejecutivo que solicite el levantamiento de la suspensión cautelar decretada por el TC de la jornada laboral de 35 horas semanales para los más de 250.000 trabajadores públicos de la Administración andaluza.
Ante esta decisión, Blanco ha mostrado la «consternación» del Ejecutivo de Susana Díaz ante el «empecinamiento» del Gobierno «en contra de un decreto que implanta una medida que este mismo Gobierno quiere empezar a aplicar a partir del próximo año». Por ello, ha instado a adoptar una solución «de inmediato», que pasa por pedir «hoy mismo, mañana o pasado mañana (cuando quieran) el levantamiento de la suspensión cautelar».
Juan Carlos Blanco ha defendido que «no se puede retroceder en los derechos de los trabajadores públicos» y que «se está a tiempo de evitarlo», pese al recurso «presentado en el último minuto» por el Ejecutivo de la Nación. Mariano Rajoy, «sabe que está en su mano no dañar los intereses de más de 250.000 funcionarios en Andalucía», pero «lo que queremos de verdad es que se note que se quiere evitar un problema provocado por el Gobierno central», ha afirmado Blanco.
Por su parte, el sindicato Comisiones Obreras, a través de su secretaria de Acción Sindical, Mercedes González, ha criticado con dureza la medida adoptada por el Gobierno porque se trata de “una intolerable invasión de las competencias que las organizaciones sindicales y empresariales tienen en materia de negociación colectiva. La libertad sindical no puede estar sometida a la intervención del Gobierno o de los tribunales, porque dejaría de ser un derecho para convertirse en una norma al servicio de los intereses de un proyecto político”.
El sindicato cree que las impugnaciones del Gobierno sobre la jornada de 35 horas y la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, vienen a cuestionar la propia doctrina de este tribunal sobre la imposibilidad jurídica de efectuar interpretaciones legales que supongan una restricción a un derecho fundamental como es el de libertad sindical que integra el de negociación colectiva y el de fuerza vinculante del convenio.
Mercedes González ha concluido su denuncia sobre las actuaciones del Gobierno, recordando que los órganos de control de la OIT y de la Carta Social Europea, Comité de Libertad Sindical y Comité de Derechos Sociales, advierten que “cualquier restricción de fuerza vinculante de convenios debe estar especialmente justificada, debe ser excepcional y de duración temporal limitada y, por lo tanto, nunca de vigencia indefinida”.
