Javier Carnero, consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, ha trasladado la disconformidad del Gobierno andaluz con el último reparto de fondos de políticas activas de empleo, porque «nueva distribución vuelve a castigar a Andalucía al ser ésta la única comunidad a la que se le restan fondos con respecto al pasado año».
El consejero también ha mostrado en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales celebrada en Madrid su rechazo a la falta de consenso mostrada por el Ministerio de Empleo con respecto al diseño de la próxima Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020, oposición que ha compartido con otras nueve comunidades autónomas que al término de la reunión han mostrado unánimemente su malestar porque el Gobierno incumpla en este punto el compromiso que se alcanzó en la última conferencia de presidentes autonómicos.
Carnero ha censurado, además, la «falta de respeto» a las comunidades autónomas del Gobierno y ha puesto como ejemplo de su falta de diálogo que, antes de que se abordarán algunos puntos, la web del Ministerio «ya ofrecía una nota de prensa en la que se daban por aprobados estos puntos que ni siquiera habían sido expuestos».
El consejero de Empleo ha criticado que con los 6,6 millones de euros más que se le asignan a la comunidad en este reparto adicional, sigue por debajo de la cantidad que le correspondió el pasado año (337,75 millones), «consolidando un año más el recorte iniciado en el año 2012».
El Ministerio de Empleo ha aprobado el reparto de 166,79 millones de euros adicionales de los que 34,20 millones son para políticas activas de empleo y 129 millones para el plan de parados de larga duración. Sumando ambas cuestiones, todas las comunidades incrementan sus fondos en ambos conceptos un 14,8% mientras que Andalucía lo hace 7,7%. Con el reparto aprobado Andalucía mantiene un 18% de los fondos destinados a las comunidades en políticas activas concentrando el 26% de los parados, según la EPA, pasando de un gasto por parado registrado de 749 euros en 2011 a 486 euros en 2017. No existe un criterio objetivo que soporte dicha disminución de fondos.
Carnero ha criticado el empeño del Ministerio por mantener un sistema de reparto «poco transparente» y de imponer a las comunidades autónomas los criterios del Plan Anual de Empleo y de la Estrategia de Activación para el Empleo 2017-2020, lo que deja clara la falta de diálogo y de consenso del Ministerio. Esta actitud ignora, además, el diálogo con los agentes sociales.
Cheque formación
Javier Carnero ha mostrado su disconformidad con que la implantación del cheque formación «no haya sido consensuada con los agentes sociales y las comunidades autónomas» La propuesta profundiza en la «privatización» de la formación para desempleados, trasladando al usuario y al sector privado la responsabilidad de la administración pública de configurar una oferta formativa ajustada a las necesidades de las empresas. Esto supone que el dinero procedente de la cuota de formación que aportan empresarios y trabajadores llegue a los proveedores de la formación, un paso más en la privatización y pérdida de control por parte de los gobiernos de las políticas públicas.
