El RD 1/2011 introdujo un programa de cualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo basado en acciones de políticas activas de empleo y en la percepción de una ayuda económica de apoyo, conocido como PREPARA, los 426 euros mensuales con los que sobreviven muchas familias en este país.
El programa va dirigido a personas desempleadas que, habiendo agotado y no teniendo derecho a prestaciones o subsidios, presenten cargas familiares o sean paradas de larga duración. Desde 2011 han pasado por el PREPARA más de 960.000 personas.
La norma posibilita una prórroga automática del programa por períodos de seis meses cuando la tasa de desempleo sea superior al 18 por ciento. Sin embargo, tal y como se constató ayer con los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), ha quedado por debajo de esa ratio gracias a la temporalidad y la precariedad del empleo que se crea, además de por la estacionalidad de los trabajos creados para cubrir la demanda de la época estival. Por esta razón los dos sindicatos mayoritarios han planteado en la mesa de diálogo social la necesidad de prorrogar la vigencia del Plan Prepara, un Plan que finaliza el 15 de agosto.
Según las dos fuerzas sindicales, hasta que se haga una revisión en profundidad, para reforzar las ayudas y prestaciones dirigidas a los colectivos con más dificultades de reinserción, la situación aconseja no renunciar a ninguna de las figuras existentes, pese a ser claramente insuficientes. Esto incluye el PREPARA.
CCOO y UGT han pedido al Gobierno que el Consejo de Ministros apruebe esta prórroga puesto que, a pesar del descenso de la tasa de paro, aún es muy importante el número de personas que habiendo perdido su empleo ya han agotado las prestaciones o no han cotizado el tiempo suficiente para acceder a la protección por desempleo.
Esta prórroga se debe hacer sin que se produzcan vacíos de cobertura, en caso de que se apruebe tras la finalización de su vigencia, estableciendo la retroactividad de la norma.
Por otro lado, tanto CCOO como UGT insisten en que hay que analizar el actual sistema de protección al desempleo para corregir las insuficiencias, al tiempo que se reordenan los distintos tipos de prestaciones, subsidios y rentas asistenciales existentes a nivel estatal, autonómico y local, además de fortalecer la coordinación entre los servicios de empleo y los servicios sociales.