Golpe a la Justicia democrática de este país. Casos como el de Juana Rivas y el desamparo que está sufriendo esta mujer por parte de los resortes del Estado es para ser llevado ante el Tribunal de Derechos Humanos de La Haya.
En el día de hoy los abogados de Juana Rivas presentaron recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para que el órgano judicial que está para defender los derechos democráticos de los ciudadanos suspendiera la obligación de entregar a sus hijos al padre que durante años la maltrató y que fue condenado por ello en Italia. Ante la injusticia que suponía la sentencia emitida por un juzgado granadino Juana decidió rebelarse y no entregarlos. Primero estaba la seguridad de los menores. Por eso huyó, para salvar la vida de sus hijos, para no tener que entregarlos a un torturador machista. Juana hizo lo que haría cualquier madre: defender a sus hijos por encima de las consecuencias que pudiera acarrearle la decisión que tomó.
El Tribunal Constitucional ha cometido una injusticia al rechazar el recurso de amparo refugiándose en los procedimientos y olvidándose de que esa decisión puede tener como consecuencia la vida de, al menos, tres personas.
Por otro lado, sorprende la celeridad en que ni siquiera han admitido a trámite el recurso en comparación con otros asuntos en que la respuesta es fulminante, tanto la admisión como en la ejecución. Si Juana Rivas hubiese presentado un recurso contra una decisión del Parlament de Catalunya hubiese sido admitida a trámite en menos de diez minutos y resuelto a su favor en apenas un par de horas. Pero Juana Rivas y sus hijos no son razón de Estado, Juana Rivas y sus hijos no son una amenaza para la España Una, Grande y Libre. La amenaza tiene nombre italiano y es quien maltrató y torturó en presencia de sus hijos a Juana durante años. Hoy el Tribunal Constitucional se ha puesto del lado de la amenaza, ha cometido una injusticia.
El argumento que han dado para no admitir a trámite el recurso es propio de leguleyos de cabeza cuadrada que no se salen ni un milímetro del código sin tener en cuenta las consecuencias humanitarias que su decisión puede acarrear. Le han dado fuerza al maltratador y han dejado indefensa a la víctima, es decir, todo lo contrario a lo que debiera hacer un órgano como el Tribunal Constitucional. Según el TC, “el recurso de amparo es de naturaleza subsidiaria, lo que significa que sólo puede interponerse cuando se hayan agotado todos los niveles judiciales previstos en la ley ante los juzgados y Tribunales ordinarios. En este caso, la recurrente ha acudido en amparo ante el Tribunal Constitucional antes de agotar todas las posibilidades existentes en la vía judicial previa, razón por la que su demanda debe ser inadmitida a trámite”. Por tanto, dejan en peligro a una mujer por una cuestión de procedimiento.
La semana pasada el propio Mariano Rajoy afirmó, cuando le preguntaron por el caso de Juana Rivas y que hubiera huido con sus hijos, que “hay que ponerse en el lugar de esta madre” y añadió que “A las personas conviene atenderlas, a las personas conviene comprenderlas y luego está todo lo demás”. Eso es lo que no ha hecho el Tribunal Constitucional. Con esta no admisión a trámite del recurso de amparo ya la está condenando porque le ha dejado claro que el Estado no la va a proteger. La ha condenado a que, si quiere el amparo de nuestro sistema democrático y de los órganos que, presuntamente, están para defender las esencias de libertad, igualdad y fraternidad que representan a cualquier democracia, tendrá que empezar un proceloso camino judicial que la llevará primero al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, al Tribunal Supremo y, finalmente, volver al Constitucional. Con los tiempos que se manejan en la Justicia Española el TC ha condenado a Juana Rivas a mantenerse escondida con sus hijos durante años. La Justicia injusta es también uno de los valores que caracterizan la Marca España cuando se trata del pueblo oprimido por los poderes fácticos o por el poder del machismo imperante.
En este país la Justicia real es sólo para unos pocos. Lo estamos viendo todos los días, pero, en el caso de la violencia machista es mucho más sangrante. Hay juzgados que rechazan más del 90% de las órdenes de protección; hay juzgados que en el propio juicio contra el maltratador siguen poniendo en duda la veracidad del testimonio de la mujer, y eso cuando testifica porque en muchos casos no lo hacen por acogerse al artículo 416; hay juzgados donde la víctima tiene que cruzarse con el maltratador para poder testificar o para poder poner la denuncia; hay juzgados en que se revictimiza a la mujer desde el momento en que pone los pies en sus dependencias. Se achaca mucho a la falta de medios pero, realmente, el problema es la falta de sensibilidad de muchos/as jueces con uno de los verdaderos problemas de nuestro país, algo que sí que debería ser interpretado como cuestión de Estado pero que se sigue manteniendo en el ámbito de lo privado.
Por otro lado, sorprende que todos los partidos políticos, digo todos, no se hayan creado un frente común de presión para terminar con el calvario de esta madre que lo único que está haciendo es proteger a sus hijos de un maltratador, es decir, de un mal padre. En este caso no vale con la manida frase del “respeto a las decisiones de la justicia”. Ha llegado el momento en que se quiten ese miedo al respeto reverencial hacia lo que diga el Constitucional, el Supremo o la Audiencia Nacional. Es el momento en que los partidos dejen de un lado su disfraz institucional y saquen las tripas para defender a Juana Rivas a través de todos los medios que haga falta. El pueblo les entenderá y se lo agradecerá.
Nuestra democracia jamás podrá ser plena hasta que el principio de igualdad esté implantado de manera definitiva y radical. Casos como el de Juana Rivas demuestran que la Justicia está muy lejos de preservar ese principio.
