Los destinatarios de la renta garantizada de ciudadanía alcanzan ya los 35.808 en los siete primeros meses del año, una cantidad que ya supera la cifra que se alcanzó en el conjunto del año 2013, en plena crisis económica, cuando se quedaron en 31.886, según ha explicado el secretario autonómico de Inclusión y de la Agencia Valenciana de la Igualdad, Alberto Ibáñez.
Estas cifras, a juicio de Ibáñez, demuestran que “el Consell del Botànic está cumpliendo su compromiso de rescatar personas ya que, sólo en lo que va de año, 14.902 personas han sido titulares de esta prestación y 20.906 son beneficiarias, por su relación familiar o de parentesco con la persona a la que se concede la ayuda. Unos números que reflejan una mejora en la implantación de una ley que llevaba años en el olvido”.
En este sentido, ha indicado que, frente a los 34,5 millones de euros que se han pagado ya en lo que va de año, hay que recordar cifras como las de 2013, cuando en el mismo periodo de tiempo sólo se tramitaron ayudas por valor de 1,7 millones de euros, a pesar de que este fue uno de los “peores años de la crisis, cuando muchas personas, en una situación de extrema vulnerabilidad, esperaba que sus gobernantes los tuvieran como prioridad”.
Ibáñez ha lamentado que esto no fue así ni en 2013, ni en 2014 ni en 2015, cuando las cantidades en los cinco primeros meses del año se redujeron a 3,2 millones y 4,2 millones, respectivamente, y ha añadido que “no fue hasta 2016, el año en el que el actual Consell aprobó sus primeros presupuestos, cuando se produjo un cambio real en esta tendencia, duplicando la cantidad abonada el año anterior y llegando a los 8,7 millones de euros”. Asimismo, ha recordado que se destinó, en los cinco primeros meses del año, una cifra récord al pago de la renta garantizada de ciudadanía, con el pago de 16,4 millones de euros, una cantidad que supera en un 838,51% la cantidad que se destinó al mismo fin en el año 2013.
El pago de la renta “ha sido una de las prioridades de este gobierno, y por ello le confirió la categoría de crédito ampliable, lo que permite aumentar la partida destinada a este fin cuando se agota”. Algo que, según ha explicado, ya se ha hecho este año, cuando se ha pedido a la Conselleria de Hacienda un incremento presupuestario de 12,9 millones de euros para poder seguir “rescatando personas”.
Con este aumento de crédito el presupuesto destinado en 2017 a sufragar la renta garantizada de ciudadanía se incrementa hasta los 53,9 millones de euros, una cantidad que contrasta con el presupuesto que se destinaba a esta prestación en los años donde la crisis económica era más fuerte, como en 2008, donde la renta tenía un presupuesto asignado de 1,6 millones de euros, de los que finalmente no se sustanciaron ni un euro.
Ibáñez ha incidido en que la gestión de estos dos años también está marcando un incremento en el número de titulares y beneficiarios, que en los primeros siete meses del año ya suman un total de 35.808, de los que 14.902 tienen la condición de titular de la ayuda, y 20.906 son beneficiarios. Estas cifras, ha señalado, van en la misma línea de incremento del año anterior, cuando por primera vez se llegaron a los 50.204 destinatarios de ayudas (20.007 titulares y 30.197 beneficiarios), y que evidencian la efectividad de las “medidas urgentes que se adoptaron hace dos años ante la caótica y grave situación de emergencia social, heredada del anterior gobierno”.
Medidas que, según ha subrayado, han permitido lograr que en 2016 se gestionaran y emitieran 28.023 resoluciones, que existan 50.204 destinatarios de la Renta (20.007 titulares y 30.197 beneficiarios), mientras que en 2015 se registraron 42.134 destinatarios, lo que suponen un incremento de gestión en el año 2016 respecto al 2015 de 8.070 destinatarios más. Al respecto, ha querido agradecer al personal de la Administración autonómica “el esfuerzo y la labor que ha realizado a lo largo del pasado año para poder incluir dentro del sistema de renta”.
Según se desprende del informe de gestión, la prestación media de la renta en 2016 fue de 377,11 euros que se distribuyó de acuerdo con el número de miembros y sus ingresos medios mensuales. De los 20.007 titulares de la renta en 2016, 13.097 son mujeres y 6.910 hombres, que representan el 65,46% y el 34,54%, respectivamente.
El secretario autonómico ha recordado que para “hacer frente a la urgente y extraordinaria necesidad de poner al día la gestión de los expedientes y agilizar el pago de las ayudas por el al tapón heredado del anterior gobierno, se aprobó en julio de 2016 un decreto ley para agilizar el proceso de tramitación de la Renta Garantizada de Ciudadanía”.
El decreto ley establece, entre otras medidas, que el plan familiar de inserción que deben elaborar los servicios sociales municipales no sea determinante para la concesión de estas ayudas, en aquellos casos en que los ayuntamientos se demoren más de dos meses en la redacción del plan.
Asimismo, contempla que las direcciones territoriales dependientes de la Conselleria sean consideradas centros de atención directa, y que los puestos de trabajo adscritos a la tramitación de la Renta Garantizada de Ciudadanía tengan la consideración de puestos de atención directa o cobertura prioritaria susceptibles de sustitución en el caso de que se produzca una baja o una vacante.
También el pasado se acometió una mejora y actualización de la aplicación informática de la Renta, implementando un conjunto de cambios que han posibilitado un incremento en la productividad y de la calidad del trabajo realizado por las direcciones territoriales, y también se ha logrado optimizar la información estadística, incorporando herramientas para un conocimiento más lógico y veraz de los datos de las prestaciones.
Paralelamente, Ibáñez ha recordado el proyecto de la Ley de Renta Valenciana de Inclusión, cuya prestación sustituirá a la renta garantizada de ciudadanía, “para dignificar la vida de las personas y les permita insertarse”. La nueva ley permitirá según ha explicado, que esta ayuda tenga “carácter indefinido, cuando la situación de la persona que la solicite se mantenga en el tiempo”, y al mismo tiempo, ampliará los requisitos para poder demandarla.
Entre las mejorías que aportará la nueva normativa, ha destacado también la flexibilización de los requisitos por lo que llegará a más personas. De hecho, ha señalado, será necesario sólo un año de empadronamiento, frente a los 24 meses actuales, exigiendo únicamente la residencia efectiva en la Comunitat Valenciana para tener derecho a la misma, amplia la edad para poder solicitarla a los 18 años y a la vez que se elimina el límite de edad para percibirla, cuando ahora era sólo para personas de entre 25 y 65 años.
Cabe recordar también que el importe de esta será de 531 euros en el caso de un titular, frente a los 385 actuales, tanto en los casos en que la persona no necesite un itinerario de inserción o de acompañamiento, como en los que sí lo requiera y, en este último caso, si el solicitante renuncia voluntariamente a realizarlo, mantendrá la ayuda, pero se reducirá hasta los 266 euros.
