A día de hoy tienen un empleo 2,4 millones de jóvenes de entre 16 y 29 años, menos que en los momentos germinales de esta crisis, según datos del el Instituto Nacional de Estadística (INE). En esa misma franja de edad, el 28% de las personas que trabaja lo hace a tiempo parcial, frente al 15% de hace diez años: actualmente hay 408.700 jóvenes con una jornada parcial no deseada pero aceptada ante la imposibilidad de conseguir un trabajo a jornada completa, mientras que en el segundo trimestre de 2007 quienes se hallaban en estas circunstancias eran solo 276.300. La temporalidad juvenil sigue subiendo, hasta situarse en el entorno del 58%, y el salario medio anual de los menores de 25 años no supera –según datos de la Agencia Tributaria- los 5.842 euros (14.422 euros en el caso de quienes tienen entre 26 y 35 años).
Estas cifras, sumadas al abuso –en muchas ocasiones fraudulento- de las prácticas no laborales, a la situación de absoluta carencia de derechos que rodea la figura del falso autónomo, al empleo sumergido, al paro -que aún afecta al 30% de la juventud menor de 30 años- o al riesgo de pobreza o exclusión social (37,6%, según la Encuesta de Condiciones de Vida, lo que convierte a este grupo de edad en el más vulnerable) reflejan, a juicio de CCOO, una creciente e inaceptable precarización social y económica que golpea en su día a día a la inmensa mayoría de las personas jóvenes, que se ven de este modo incapacitadas para planificar y desarrollar proyectos de vida a medio y largo plazo. Esta circunstancia se evidencia en el descenso constante de la tasa de emancipación juvenil: en la actualidad, según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, solo un 20% de los menores de 30 años viven fuera del hogar familiar.
Esta realidad exige un giro radical en las políticas que vienen aplicándose en los últimos años en España. Si en términos generales se hace necesario poner fin de una vez por todas a la mal llamada “austeridad”, impulsar un incremento sustancial de los salarios, reforzar los servicios públicos y con ellos el empleo público, aprobar una renta mínima como la que el movimiento sindical lleva más de un año reclamando y perseguir eficazmente la temporalidad injustificada y el fraude en el tiempo parcial y en el trabajo autónomo, en el caso específico de la juventud además resulta imprescindible que el Gobierno evalúe y replantee de un modo integral –con el consenso de los agentes sociales- la Garantía Juvenil, una iniciativa hasta ahora fracasada. En paralelo a lo anterior, se hace necesario incrementar la oferta de plazas de Formación Profesional y revisar el modelo de FP Dual, además de garantizar el acceso a la enseñanza universitaria a través de una fuerte reducción de tasas y de la articulación de un potente sistema de becas orientado a que la falta de recursos en ningún caso constituya una dificultad añadida para llegar a las aulas.
La conversión en contratos de trabajo de todas las prácticas no laborales extracurriculares, junto con la elaboración de un marco de calidad que asegure, entre otras cosas, una contraprestación económica suficiente a las prácticas no laborales curriculares, es otra reivindicación que no puede permanecer por más tiempo en el cajón.
Por último, las ayudas a la emancipación y el desarrollo de parques públicos de vivienda en alquiler son medidas que, sumadas a todas las anteriores, facilitarían que las personas jóvenes pudieran planificar sus propios proyectos de vida en unas condiciones sociales y laborales dignas y adecuadas.
