María Teresa Sanz Hiraldo, psicóloga colegiada y responsable del servicio de atención psicológica del Centro Municipal de Información a la Mujer en Maracena, con más de 20 años evaluando a víctimas de violencia de género, ha remitido a Diario 16 cuatro informes que demuestran los malos tratos sufridos por Juana Rivas en manos de sus expareja y padre de sus hijos.
Está psicóloga conoció a la madre maltratada en verano de 2016 y desde esa fecha le ha atendido por las secuelas que ha padecido a manos de su pareja en Italia. Según el informe de la responsable del servicio de atención psicológica del Centro Municipal de Información a la Mujer en Maracena, Juana tiene una personalidad sana y le consta que todo lo que ha dicho a los medios es absolutamente cierto.
María Teresa Sanz Hiraldo, desaconseja “vehemente la restitución de los menores con el padre porque causaría un grave daño para ellos”. Estos informes certifican que Juana “tiene un perfil de personalidad completamente normal”.
Para la directora del servicio de atención psicológica del Centro Municipal de Información a la Mujer en Maracena, Juana Rivas, “tenía un miedo terrible a que él cumpliera las amenazas que le había hecho” de que si lo abandonaba “la iba a perseguir judicialmente y le iba a amargar la vida con abogados”. Tristemente ha cumplido su amenaza.
Diario 16 publicó la desgarradora carta de Juana Rivas pidiendo justicia. Cuando esta madre dolorida y sufriendo maltrato decide poner rumbo a España, es para no volver más. Mes y medio después presenta la segunda denuncia por maltrato contra el ya condenado en 2009, padre de sus hijos.
Pero aquí empieza el calvario de Juana en los tribunales españoles plagados de errores.
La relación de Juana con sus hijos es excelente.
A pesar de las amenazas de su expareja Juana estaba respondiendo favorablemente al tratamiento, “hasta que llegó el requerimiento del Convenio de la Haya”. Según la psicóloga, este requerimiento judicial la obligaría a regresar al terreno del maltratador, “donde estaría de nuevo aislada y él podría seguir controlándola y dominándola”.
Según indican los informes psicológicos remitidos a este medio, el padre de sus hijos “cumple con el perfil del maltratador al instrumentalizar a los niños para conseguir su objetivo”.
María Teresa Sanz Hiraldo, psicóloga colegiada y responsable del servicio de atención psicológica del Centro Municipal de Información a la Mujer en Maracena, también ha atendido al hijo mayor, el cual fue derivado al Programa de Atención Psicológica a Hijas e Hijos de Mujeres Víctimas de Violencia de Género.
Durante este periodo de separación del padre y de tratamiento, los informes señalan que el niño ha mejorado “de las secuelas producidas por la agresividad que ha presenciado del padre hacia la madre”.
Los informes realizados por esta profesional a Juana Rivas, sobre su caso de maltratos desde el verano de 2016, no han servido para protegerla a ella y a sus hijos del maltratador, “por errores judiciales y por el desconocimiento del estatuto de la víctima”.
Esta situación de indefensión en la que la deja “la Justicia vulnera los derechos fundamentales tanto de Juana como de sus hijos”, que están sufriendo también “otra victimización por parte de los medios de comunicación cuando le dan credibilidad al maltratador”.
María Teresa Sanz Hiraldo se muestra muy indignada por cómo este “señor habla de ella y tergiversa perversamente la realidad”. La psicóloga cuestiona lo que este hombre está diciendo; que son básicamente “mentiras”.
En el caso de la madre maltratada, escondida con sus hijos desde haces varias semanas, no se está aplicando el artículo 31.2 del Convenio de Estambul del Consejo de Europa, ratificado por España, que exige tomar medidas “para que el ejercicio de ningún derecho de visita o custodia ponga en peligro los derechos y la seguridad de la víctima y de los niños”, que también rige en Italia, país al que -por los artículos 63 y 64 del mismo Convenio- España debe transmitir “sin demora” y “sin necesidad de petición previa” toda la información y pedir cooperación, con el fin de asegurarse de que se toman las medidas protección apropiadas para la madre y los hijos.
La Fiscalía había solicitado la traducción de la segunda denuncia por malos tratos, para enviarla a Italia en varias ocasiones, la última en Julio de este año, al Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada. Casualidad o no, pero la traducción al italiano, coincidió con las concentraciones en los juzgados de toda España. Por fin el texto ha sido remitido al Ministerio de Justicia Italiano.
Para el Movimiento Feminista de Madrid, (Plataforma7N) el Tribunal Constitucional no ha interpretado las leyes a la luz del Pacto de Estado contra la Violencia de Género recién aprobado en el Parlamento (Boletín Oficial del Congreso de los Diputados de 08.08.17), cuyo punto 4 llama a “intensificar la asistencia y protección de los menores” y mucho menos alguna de las comparecencias, como la de la Jueza de Violencia Paloma Marín que propuso “con relación a la mejora de la protección de los menores, dado que el artículo 48.2 del Código Penal prevé la suspensión del régimen de visitas, propone establecerla con carácter imperativo en todos los casos en que el/la menor hubieran presenciado, sufrido o convivido con manifestaciones de violencia”
