Hoy se ha celebrado el acto solemne de apertura del Año Judicial presidido por el Jefe del Estado, Felipe de Borbón y Grecia, y por el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, y el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.
En sus discursos, ambos han hecho hincapié en el desafío secesionista catalán olvidándose del mayor problema que tienen las instituciones de este país: la corrupción. Tanto Maza como Lesmes se han referido al respeto a la ley y a la iniquidad de aquellos que se apartan de la misma. El Fiscal General ha garantizado que la Fiscalía actuará de manera firme y enérgica porque «frente a la sinrazón de quienes se sitúan al margen de la Ley, del Estado de Derecho y la democracia no caben vacilaciones». Anteriormente hizo un alegato a la obligación del ministerio público de defender activamente a la «España constitucional» frente a quienes se están posicionando en la ilegalidad de los hechos consumados. Además, ha incidido en que la Fiscalía actuará de manera rápida y coherente para frenar el desafío independentista.
Por su parte, Carlos Lesmes ha lanzado un mensaje a los funcionarios y a los ciudadanos catalanes en el que ha incidido en que nunca hay que tener miedo de cumplir la ley ni «nadie sufrirá» por ello. El presidente del CGPJ ha mantenido la línea del respeto a la legalidad que la institución a la que él representa garantizará en este momento que ya indicó Maza en su discurso ante Felipe de Borbón. «Las voluntades unilaterales que pretenden disponer de la Constitución y que solo contemplan como mecanismo de preservación de lo que considera más propio la ruptura o la separación son inaceptables y violentan la propia democracia».
Sin embargo, tanto Maza como Lesmes se han olvidado de la obligada lucha contra la corrupción de la Justicia, tanto del Poder Judicial como de la Fiscalía. El problema catalán es grave, sobre todo porque afecta a los sentimientos de nacionalidad de unos y de otros. Sin embargo, la corrupción de nuestros políticos y de nuestras instituciones también es prioritario, quizá más. La corrupción es el peor de los problemas que tenemos en este país. La corrupción política, por supuesto, porque el enriquecimiento de los corruptos repercute directamente en el bienestar de los ciudadanos; Gürtel, Púnica y otras muchas, emanadas de unas u otras siglas. Los efectos de estos y otros comportamientos afectan a los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, afectan a la sanidad, educación, infraestructura o a la lucha por la igualdad.
Sin embargo, hay otros tipos de corrupción que también hacen mucho daño y que, en algunos casos, son mucho peores que la política. La corrupción moral de quienes se acogen a la legalidad para justificar comportamientos que, desde luego, no son éticos porque no vienen a contribuir al bien común. Eso es corromperse y la Justicia está obligada a perseguirla con el mismo ahínco y la misma fortaleza que contra el desafío independentista catalán.
