El PSOE pedirá al Gobierno que promueva un debate en el Pleno del Consejo Interterritorial sobre las necesidades de financiación del Sistema Nacional de Salud (SNS) y sume sus conclusiones al informe de la Comisión de Expertos, creada en VI Conferencia de Presidentes, remitido recientemente al Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que la reforma de la financiación autonómica permita a las Comunidades Autónomas disponer de los recursos necesarios en función del coste efectivo de la sanidad.
Así se recoge en una moción consecuencia de Interpelación que el senador granadino José Martínez Olmos, portavoz socialista en Sanidad, defenderá ante el Pleno de la Cámara Alta. En su iniciativa, el senador socialista también reclamará al Ejecutivo la puesta en marcha del Fondo de Garantía Asistencial (FOGA) con la dotación de los fondos adecuados que garanticen la cohesión, las innovaciones terapéuticas, las enfermedades raras y la corrección de desigualdades, con el objetivo de enmendar las actuales inequidades e impedir las barreras de movilidad de pacientes aún vigentes.
José Martinez Olmos afirma que la sostenibilidad del Estado de Bienestar es un reto y una preocupación compartida por el conjunto de las administraciones y de las fuerzas políticas en nuestro país.
Por otro lado, según advierte el portavoz socialista, en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, los efectos de la crisis económica han condicionado una “notable insuficiencia de recursos” que ha tenido “consecuencias negativas” en el funcionamiento de la sanidad pública con un deterioro en términos de equidad.
Es por eso, añade Martínez Olmos, que la VI Conferencia de Presidentes, celebrada el pasado 17 de enero en el Senado, acordó iniciar los trabajos necesarios para la reforma de la financiación autonómica con una orientación de sostenibilidad del Estado de Bienestar y estableció encargar a una Comisión de Expertos los análisis necesarios para la formulación posterior de un nuevo modelo de financiación autonómica que se fundamente en los principios de solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y garantía de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos en función del coste efectivo de los mismos.
