Miles de mujeres han salido en toda España bajo el lema “NINGÚN MALTRATADOR PUEDE SER UN BUEN PADRE”, en apoyo a Juana Rivas. Más allá del caso Juana Rivas, la legislación actual no protege de forma suficiente a las mujeres víctimas de violencia de género, y así lo ha manifestado de forma reiterada el sindicato UGT, cuya Comisión ejecutiva Confederal de UGT exige que se convoque de forma inmediata el pleno del Congreso que debe aprobar el Pacto de Estado contra la violencia de género.
En lo que va de año 6 menores han sido asesinados en nuestro país, víctimas de la violencia de género y desde que se empezaron a contabilizar en el año 2013 son 22.
El movimiento feminista de Galicia ha emitido un manifiesto, titulado: ¡Un abusador no es un buen padre!
“El movimiento feminista en todo el estado, fuimos a las calles en un ejercicio de hermandad con Juana Rivas, con la lucha de todas las Juanas y para que ninguna criatura tenga que vivir con un abusivo. Vamos a luchar juntos por nuestros derechos y nos rebelamos contra la violencia institucional y contra la justicia patriarcal que nos pone en peligro a nosotros ya nuestros hijos”.
Francesco Arcuri fue condenado en 2009 por un tribunal penal de Granada por violencia sexista , golpeando repetidamente a Juana Rivas. En 2016, Juana regresó a la Justicia por repetidos tratos repetidos. Sin embargo, la traducción y tramitación de esta denuncia fue de más de un año sin ser ejecutada, y no se tomó ninguna medida para proteger a Juana o a sus hijos.
“Después de este acto vergonzoso, el sistema judicial obligó a Juana a dar a sus hijos una amante. Así, «Justicia» considera que un hombre que maltrata, que golpea, insulta y humilla, tiene derecho a la custodia de dos menores” continúa el manifiesto.
“Durante el proceso judicial, los derechos de ambos niños no fueron protegidos de a cuerdo con el Estatuto de la Víctima y la Ley del Niño, que exige que se asegure un ambiente libre de violencia, y de acuerdo con el art. 31 del Convenio de Estambul, firmado por España, de modo que el ejercicio de cualquier derecho de visita o custodia pone en peligro los derechos y la seguridad de la víctima y de las criaturas. Por lo tanto, no se cumplió el objetivo de intensificar la asistencia y protección de menores, incluido en el documento recientemente aprobado para la redacción del Pacto Estatal, en el que se afirma que «la custodia compartida en ningún caso se impondrá en casos de violencia de género , ni puede ser adoptada, o provisionalmente, si un proceso criminal para violencia de género está en curso y hay una orden de protección «.
Además, no se respetó su derecho a ser oído y tenido en cuenta , en este caso un menor de once años.
“Lo que es más, tuvimos que ver cómo se llamó para declarar cómo se investigó al asesor legal y psicólogo del Centro de la Mujer de Maracena y la familia de Juana Rivas al segundo grado de consanguinidad. De esta manera, el sistema judicial patriarcal no sólo persigue a Juana y toda su red de apoyo, sino que ataca directamente los centros de atención a las mujeres, a las mujeres ya todos aquellos que las apoyan”, afirma el manifiesto”.
El caso de Juana Rivas es el más visible de una serie de casos de violencia institucional contra la mujer, lo que se suma a las múltiples violencias que enfrentamos cada día. Así que, sistemáticamente, cuando vamos al sistema judicial para reportar estas violencias, nos cuestionan, las humillan y nos dejan desprotegidos.
Al mismo tiempo, se refuerzan los argumentos neo-sexistas como el supuesto Síndrome de Alienación Parental (no reconocido por los sistemas oficiales de clasificación diagnóstica) y el discurso de falsas acusaciones (que según la Procuraduría General del Estado son sólo el 0,01% del total).
“Es por eso que hoy el movimiento feminista sale a luchar contra la violencia institucional como la última expresión del machismo estructural arraigado en nuestra sociedad. Las instituciones ya no pueden animar a las mujeres a denunciar la violencia de género cuando el sistema no las protege a ellas o a sus hijos y deben reflexionar sobre el hecho de que el sistema de justicia no es percibido por las víctimas como un protección y seguridad” sigue el manifiesto del movimiento feminista gallego.
“Las feministas apelan a la justicia por no ser justas , por ser parciales. Hacemos un llamamiento crítico a la justicia, a las instituciones políticas ya los medios de comunicación porque no hacen de la violencia contra las mujeres un objetivo político”.
“Hay muchas mujeres que cada día sufren violencia sexista sin la sociedad, o aquellas personas que defienden el estado de derecho, levantan la voz para denunciarlo, o dicen una palabra para apoyarlas. Sólo hasta ahora este año, 59 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas y 7 criaturas fueron asesinadas por sus padres abusivos y la sociedad no se ve afectada , no sale a exigir medidas reales. Las instituciones están limitadas, cuando lo hacen, a un minuto de silencio, como si los asesinatos de mujeres hubieran entrado en la normalidad, como si fuera el precio que las mujeres deberían pagar para rebelarse contra el mandato patriarcal”.
“Necesitamos y exigimos leyes y políticas dotadas de suficientes medios y recursos que nos protejan a nosotros ya nuestros hijos, que no seamos marginados e ignorados, porque somos todas las mujeres que luchamos, en un momento dado, tenemos que enfrentar, solos, hombre que la destruyó, intentando en instituciones que deberían protegerla un apoyo que no sólo rara vez encuentra”.
El movimiento feminista exige “que las instituciones actúen para la protección de menores y Juana. Y exigimos el fin de la violencia institucional contra todas las mujeres y un sistema judicial que combate la verdad contra la violencia sexista. Lo que pasa necesariamente por requerir la formación en la perspectiva de género de todos los profesionales que la forman y por contar con el movimiento feminista y aplicar la perspectiva de género al legislar y llevar a cabo la ley.
Denunciamos la ineficacia de las políticas de prevención contra la violencia sexista, a menudo carentes de los medios y recursos necesarios para tratar con ella: no es un recibo que los tribunales específicos se cerrará en el verano por falta de capacidad presupuestaria. No es un recibo que hay centros dependientes, en última instancia de la administración, como las CIMs donde los requisitos establecidos por la ley no se cumplen a menos que tengan el personal mínimo requerido…
“Denunciamos el cierre de recursos como el Ponte Candelas CIM; Reabierto pero en el que los profesionales siguen aislados causando la desprotección de todas las mujeres de dicho ayuntamiento”.
“Como mujeres, como feministas, no queremos callar ante el acoso que algunos medios y diferentes grupos sexistas están adelantando al movimiento feminista y que están usando el caso de Juana Rivas para atacar nuestras afirmaciones”.
“Para concluir, queremos subrayar el importante papel históricamente desempeñado por el movimiento feminista en la lucha por los derechos de la mujer y recordar a todos que no sólo es legítimo desvelarse contra las injusticias, sino que también ha sido el modo en que se han logrado cambios sociales importantes larga historia”, concluye el manifiesto del movimiento feminista.
Más de veinte ciudades se han manifestarse este sábado para pedir justicia para Juana Rivas, la madre de Maracena (Granada) que ha entregado a sus hijos al padre maltratador.
La manifestación está apoyada por una treintena de colectivos, asociaciones y movimientos feministas, así como de sindicatos, como UGT. «Nos reuniremos contra las leyes machistas que no nos protegen. El caso de Juana Rivas es uno más de muchos, y nos manifestamos por ella y por las que han tenido que sufrir lo mismo», han afirmado en el manifiesto leído en la concentración de Madrid.
LA PLATAFORMA 7N EXIGE LA ACTIVACIÓN INMEDIATA DEL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
La Plataforma 7N contra las Violencias Machistas ha exigido hoy la activación inmediata del Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado el pasado mes de julio por el Congreso.
Desde la Plataforma recuerdan que una vez aprobado por la comisión de igualdad en julio, se remitiría al Gobierno para que en el plazo de dos meses se sometiera a acuerdo con representantes institucionales y sociales, y que en un plazo no superior a 6 meses se hubiesen tramitados todas las reformas legales.
