Mari Carmen Barrera secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social, ha declarado que el sindicato exige al Gobierno “que cumpla con la ley y suba las pensiones de viudedad, tal y como marcaba la ley que se aprobó en 2011(recuperando la disposición adicional trigésima de la Ley 27/2011 de 1 de agosto), del 52% de la base reguladora al 60%”- para mayores de 65 años y que no perciban otra pensión pública.-.
En declaraciones, Mari Carmen Barrera que el Gobierno ha suspendido reiteradamente la entrada en vigor de una ley, que debía producirse de forma progresiva y homogénea, a lo largo de 8 años, a partir de enero de 2012.
La suspensión de dicha ley ha condenado a la mayoría de los beneficiarios y beneficiarias de pensiones de viudedad de este país, casi dos millones y medio, a pensiones que se sitúan en el umbral de la miseria y por debajo del salario mínimo interprofesional.
La secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT exige que “estas pensiones sigan formando parte del sistema de seguridad social, ya que no solo son pensiones contributivas, sino que su salida tal y como se ha planteado, no resolvería el problema del déficit de la Seguridad Social”.
UGT sigue exigiéndole al Gobierno que aporte soluciones al futuro y sostenibilidad del sistema de pensiones. Mari Carmen Barrera recuerda que a partir del 30 de septiembre “vamos a iniciar unas marchas que recorrerán toda la geografía de nuestro país”, convocadas UGT y CCOO, conjuntamente con las Uniones de Jubilados y Pensionistas de ambas organizaciones. “Porque es necesario que se garantice el poder adquisitivo y la suficiencia de las pensiones, para que el futuro de nuestro país no pase por unas pensiones de miseria” a afirmado Mari Carmen Barrera.
Una norma que el Gobierno ha suspendido «reiteradamente», que debe aplicar de «forma progresiva y homogénea en un plazo de ocho años, a partir del 1 de enero de 2012», tal y como establece la norma ha afirmado la representante de UGT. Es decir hay que volver a revalorizar las pensiones conforme al coste de la vida, “recuperando el consenso político y social en este sentido, quebrantado por la reforma de pensiones impuesta por el Gobierno en 2013”. Una reforma que hay que derogar y que Mari Carmen Barrera ha reiterado repetidamente desde que accedió al cargo.
Para UGT, las evasivas que el Gobierno alega, para no cumplir con la ley del 2011, “que este incremento supondría un importante coste para el sistema de la Seguridad Social”, son una excusa ante la débil situación financiera que ha atravesado nuestro sistema público de pensiones y que a juicio de UGT “es responsabilidad del Ejecutivo, que ha incumplido la ley, aplazando anualmente la entrada en vigor de esta medida”.
El sindicato nos aporta algunos datos sobre las pensiones de viudedad y orfandad
En España hay 2,3 millones de beneficiarios de pensiones de viudedad, 300.000 más que en 2000. Esto supone que el colectivo ha crecido un 16% en los últimos quince años. Además, hay otros 339.946 perceptores de pensiones de orfandad y 39.122 beneficiarios de una prestación en favor de familiares.
El viudo o viuda cobra el 52% de la base reguladora del fallecido con carácter general.
Y este porcentaje se debería elevar, según la ley incumplida por el Gobierno, al 70% de la base reguladora si se dan los siguientes requisitos: si el perceptor vive con hijos menores de 26 años o discapacitados a su cargo y los ingresos de la unidad familiar divididos en el número de miembros no superen anualmente el 75% del salario mínimo; que la pensión de viudedad sea la única fuente de ingresos (al menos el 50%) y que no tenga otros rendimientos por valor de una cantidad que se fija anualmente.
En el caso de la orfandad y en favor de familiares, su cuantía es del 20% de la base reguladora del fallecido.
Estos cálculos sitúan la pensión media de viudedad en 2015 en 630 euros al mes en catorce pagas; la cuantía media de las de orfandad es de 370,5 euros mensuales y el promedio de la de favor de familiares asciende a 517 euros.
Dos de cada diez pensiones contributivas son de este tipo, el 70% son de jubilación y el 10% restante, de incapacidad.
La edad media de las beneficiarias de pensiones de viudedad es de 73,4 años. Si bien hay 47 beneficiarios de entre 20 y 24 años y poco más de 455 menores de 29 años.
Uno de cada tres beneficiarios de viudedad cobra complemento a mínimos porque con lo cotizado por su cónyuge no llegaría a la pensión mínima de su clase. Esto se eleva al 47% en los casos de orfandad y al 55% en los de favor de familiares.
Cataluña es la comunidad que más gasta en pensiones de supervivencia, seguida de Andalucía.
Ante estos datos que dejan a la mayoría de las pensiones de viudedad por debajo del SMI y en el umbral de la pobreza, UGT “considera necesario y urgente, aumentar y garantizar la calidad de vida de estos pensionistas, incrementando la cuantía de las pensiones” (todas se deben actualizar conforme al IPC).
El sindicato exige eliminar el copago farmacéutico para todas aquellas pensiones inferiores al Salario Mínimo Interprofesional, pues supone un grave recorte al poder adquisitivo de dichos pensionistas.
Las pensiones de viudedad y orfandad deben permanecer en el Sistema de Seguridad Social
UGT considera “irrenunciable” que las pensiones de viudedad y orfandad permanezcan en el Sistema de Seguridad Social. Son pensiones de carácter contributivo y sacarlas del sistema, “financiándolas vía impuestos, además de ser injusto, sería ir en contra de la ley y ponerlas en un claro riesgo” ha afirmado Mari Carmen Barrera secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social.
UGT denuncia que el paso progresivo de las pensiones de viudedad y orfandad a financiación vía presupuestos cambiaría “estas pensiones a asistenciales”. De tal forma que se integrarían en los sistemas de asistencia social de las CCAA, “lo que supondría su salida del sistema de Seguridad Social y una tremenda injusticia pues no solo serían objeto de recorte y unificadas a cuantía única, sino que su financiación y el derecho a cobrar esta pensión no quedaría garantizado”, ha denunciado el sindicato.
Esta propuesta, a juicio de UGT, “no resuelve ningún problema y segrega estas prestaciones”. Una medida que para el sindicato, no sirve tampoco para atajar el déficit de la Seguridad Social. Un déficit que afecta al conjunto del sistema y como tal debe abordarse, a través de propuestas consensuadas en el ámbito del Pacto de Toledo y del diálogo social.
