El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas ha publicado un informe en el que da un plazo a España de 90 días para presentar un cronograma con las medidas que debe implementar para garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de desaparición forzada de la guerra civil y el franquismo. De los más de 114.000 crímenes de derecho internacional cometidos entonces y ya denunciados ante la Justicia española, la mayoría corresponden a desapariciones forzadas.
En los últimos años, al menos cinco mecanismos de Naciones Unidas han constatado y expresado que España ni investiga ni deja investigar a otros Estados los crímenes cometidos en este período. Las preguntas siempre son las mismas. ¿Hasta cuándo va a continuar el sufrimiento de las familias? ¿Hasta cuándo va a incumplir España sus compromisos internacionales? ¿Hasta cuándo va a desoír las reclamaciones de organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil y de los miles de víctimas y familiares que aún quedan vivos?
En 2010, algunas víctimas del franquismo interpusieron una querella en Argentina, iniciando una investigación que se abrió en aplicación del principio de jurisdicción universal. España ha rehusado constantemente colaborar con la justicia argentina. En dos oportunidades ha rechazado extraditar a los procesados a Argentina, ha negado y ha impedido que la jueza María Servini interrogue a los 19 acusados, así como la toma de declaración de algunas víctimas y testigos.
“De esta manera, el Estado español ni investiga ni deja que otros lo hagan mostrando así su desdén con los miles de víctimas de desapariciones forzadas en nuestro país”, ha asegurado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
En febrero de 2017, la Procuraduría General de la República de México inició una investigación, impulsada por Amnistía Internacional, por el caso de Ligia Ceballos Franco, quien había descubierto que fue entregada a su familia mexicana tras haber sido separada de su familia biológica en España. Sobre este caso se refirió el Grupo de Trabajo expresando que la apertura de dicha investigación en México representa otra oportunidad para que España preste colaboración y fortalezca el auxilio judicial.
La ONU ha insistido en que las labores de localización e identificación de personas no puede depender exclusivamente de los familiares, sino es una obligación del Estado abarcando la totalidad del territorio nacional.
A este respecto, en mayo de 2017 el Congreso de los Diputados aprobó una Proposición No de Ley en la que instaba al Gobierno que cumpliera con las recomendaciones de los organismos internacionales, entre otras cuestiones, asumiendo las labores de localización y exhumación de fosas e identificación de los cadáveres de personas víctimas de desaparición forzada.
