La secretaria de Derechos Sociales y de la Ciudadanía de Podemos, María Marín, declaró ayer martes que la Comunidad Autónoma “ha tardado diez años en sacar este decreto, incumpliendo la propia Ley aprobada por el mismo gobierno del PP con mayoría absoluta en Marzo de 2007”.
De esta forma, afirma Marín, “no solamente incumplen sus propios mandatos, sino que además, durante esos diez años, el Gobierno regional ha dado la espalda a las personas que más lo necesitaban y que por derecho eran merecedores de la renta básica de inserción para unas condiciones de vida digna, que la Consejería -antes de Bienestar Social, ahora de Familia- dejó en el cajón del olvido”.
“Pasado el tiempo –añade la responsable del área en la formación- la Comunidad Autónoma se ha ahorrado millones de euros, concretamente, una media 125 euros al mes en diez años consecutivos, a unas 2.500 familias, a lo que hay que sumar las familias a las que no se les otorgó la ayuda porque se aludió a que no queda presupuesto.”
En este mismo sentido el coodinador de la Secretaría de Podemos, José Jesús Frutos, ha señalado que “la cuantía es de 425 euros y continúa siendo objetivamente muy baja así como el poner un máximo de 800 euros”, preguntándose cuántas familias reciben más 800 euros para vivir adecuadamente”.
Del mismo modo ha incidido en que los datos de EAPN, FOESSA y los mismos del Ministerio de Hacienda sobre precariedad de las trabajadoras y trabajadores, señalan que el número de familias en situación de carencia es mucho mayor de esas 2.500 familias perceptoras.
