A falta de conocer el escrito de calificación provisional del Ministerio Fiscal, el expresidente del Gobierno murciano Pedro Antonio Sánchez acaba de conocer la petición de la acusación popular compuesta por Adade y PSOE con relación a su participación en la llamada Operación Púnica que tendrá lugar próximamente. Concretamente, esta parte acusatoria solicita una pena de nueve años de prisión y 22 de inhabilitación para ocupar un cargo público.
El escrito de acusación señala que PAS pudo cometer dos delitos, consistentes fraude a la Administración Pública y cohecho cuando, en 2014, ocupando el cargo de Consejero de Educación, habría encargado a los dos presuntos cerebros de la “trama Púnica”, Alejandro de Pedro y el exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso, que le prepararan una campaña para mejorar su imagen personal en las redes sociales. Esos trabajos de reputación “online” iban a ser abonados presuntamente con cargo a los presupuestos de la Consejería de Educación, camuflados como aparentes gastos de formación, según recoge el escrito acusatorio.
Por otra parte, el PSOE y la Asociación de Abogados Demócratas también solicitan cinco años de prisión y otros 15 de inhabilitación al asesor del expresidente, David Conesa, acusado de entablar contactos con los responsables de la trama “de forma cuasi clandestina”
El acuerdo entre PAS y los mentores de la trama se habría cerrado con la aparente colaboración del “inseparable asesor David Conesa” y de la entonces regidora cartagenera Pilar Barreiro, amiga personal de Alonso. Todo ello en un contexto, reflejan los acusadores, en el que el entonces responsable de Educación estaba siendo objeto de numerosas informaciones que lo vinculaban a un presunto caso de corrupción -en concreto, la investigación abierta para conocer si había pagado o no su casa a un constructor- y, a la vez, pretendía optar a suceder a Ramón Luis Valcárcel como candidato del PP a la Comunidad Autónoma.
Según argumentan Adade y PSOE, “esa necesidad de mejorar y limpiar su imagen pública”, condujo a Sánchez a encontrarse y reunirse personalmente con los supuestos miembros de “Púnica”, concretamente hasta cuatro reuniones cara a cara, “bastante de ellas realizadas en entornos no públicos -como hoteles- y ni siquiera en Murcia, de forma connivente y cuasi clandestina”. A ellas se habrían sumado otros encuentros, que habría encargado a personas de su entorno, como David Conesa, y múltiples “comunicaciones técnicas”, a través del correo electrónico y de mensajes de móvil, “con empleados de su gabinete”.
Todos esos contactos personales, “intensificados a partir del 22 de septiembre” de 2014, se habrían concretado en un acuerdo para abonar 4.600 euros al mes por la mejora de la reputación personal de Pedro Antonio Sánchez y de Pilar Barreiro -los trabajos a la alcaldesa se iban a incluir presuntamente en el mismo “paquete”-, entre Noviembre de ese año y Mayo de 2015, lo que coincidía exactamente con el periodo previo a la campaña electoral en la que los altos cargos del PP local pretendían imponerse. La factura total ascendería, de esa forma, a 32.200 euros.
Presuntamente, esos gastos de iban a cargar a la Consejería de Educación, ocultos bajo un concepto de formación, “para lo cual se trasladó información de la Consejería que no podía ser conocida por aquéllos (De Pedro y Alonso)”, con el aparente fin de que empresas creadas por Agustín Alonso y sus hermanos pudieran adjudicarse contratos referidos a “formación” de ese departamento de la Comunidad.
El escrito de acusación deja constancia de que si esas cantidades no llegaron a cobrarse ni la formación se llegó a adjudicar a las firmas elegidas fue, solamente, porque “Púnica” reventó a finales de octubre de 2014, apenas un día antes de que presuntamente fueran a activarse los contratos.
Pruebas e indicios
A lo largo del extenso documento redactado por los acusadores populares aparecen hasta 43 pruebas e indicios delictivos distintos que demostrarían, según la misma acusación, la existencia de ese presunto acuerdo para sufragar las tareas de lavado de imagen de Sánchez con cargo a los fondos públicos. Entre esas pruebas destacan un buen número de extractos de conversaciones telefónicas -intervenidas por los agentes de la UCO con autorización del juez Eloy Velasco-, correos electrónicos, documentos intervenidos en las empresas de la “trama Púnica”, declaraciones de testigos, propuestas de los trabajos de reputación “online”, análisis de la imagen de Sánchez en las redes sociales, referencias a los lugares en los que se produjeron los encuentros personales…
La conclusión que alcanzan los impulsores de la acusación popular es que Pedro Antonio Sánchez incurrió en presuntos delitos de fraude y cohecho, por los que pide un total de nueve años de prisión (4+5) y 22 años de inhabilitación para cargo o empleo público (10+12). Para el asesor David Conesa, acusado de idénticos delitos, se piden penas de cinco años de cárcel (2+3) y de 15 años de inhabilitación (6+9).
La vista oral se celebrará en la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
