«Tanto desde instituciones públicas como privadas es necesaria una mayor inversión en recursos, formación, concienciación y adaptación a las necesidades de los trabajadores con discapacidad sobrevenida”, ha reclamado Rocío de Frutos, portavoz de Empleo del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, quien ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) para la adopción de medidas legislativas a los efectos de garantizar la permanencia del trabajador en la empresa en caso de discapacidad sobrevenida.
Con esta iniciativa, los socialistas plantean que, dentro del diálogo social y junto al movimiento asociativo del sector de la discapacidad, se presente un Proyecto de Ley que garantice el mantenimiento en el empleo de las personas con discapacidad sobrevenida; se impulsen políticas activas de empleo para incentivar el mantenimiento del empleo de las personas con discapacidad sobrevenida; promover el papel de las Mutuas en materia de rehabilitación y recuperación profesional, así como planes de apoyo a las empresas en materia de adaptación de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.
Rocío de Frutos ha alertado de la precariedad laboral asociada a la discapacidad sobrevenida, y ha tenido en cuenta para plantear la iniciativa parlamentaria el riesgo de “ruptura sociolaboral” que revelan los datos de un estudio del CERMI: un 44% de las personas encuestadas no volvieron a trabajar tras la discapacidad, y un 77% de los que sí volvieron a trabajar se reincorporaron a un cambio de puesto y empresa, “lo que demuestra la incapacidad actual del mundo empresarial para asimilar la reincorporación al trabajo del grupo que nos ocupa”, ha afirmado Rocío de Frutos.
“Los poderes públicos deben garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones respecto del resto de ciudadanos y ciudadanas”, se recuerda en la proposición no de ley. Pero “la realidad del mercado laboral de las personas con discapacidad viene marcada por el hecho de que su tasa de actividad es 44 puntos inferior a la de las personas trabajadoras sin discapacidad, la tasa de paro es 9 puntos superior, los empleos suelen estar centrados en el sector servicios y en las ocupaciones más elementales y, en cuanto al tipo de empleo, los Centros Especiales de Empleo han sido refugio durante la crisis de los trabajadores con discapacidad, frente a la empresa ordinaria donde la mayoría no cubre la cuota del 2%”, se resume el panorama laboral de este sector en la iniciativa.
La portavoz de empleo socialista ha advertido de que «la normativa actual pivota sobre un principio general basado en la extinción del contrato laboral cuando un trabajador es declarado en situación de incapacidad permanente. En la legislación preventiva actual no existe una protección clara de los trabajadores con discapacidad sobrevenida en relación a la necesidad de adaptar el puesto de trabajo, ni mucho menos a la necesidad de mantener el empleo», se afirma en la proposición registrada. Es más, se señala que incluso «la empresa puede acudir al despido objetivo cuando el trabajador o trabajadora, de forma sobrevenida o conocida con posterioridad a la contratación, no puede, por un menoscabo de su salud que conlleve o no una discapacidad sobrevenida, desempeñar su actividad laboral en la forma en que la venía desarrollando».
Frente a esto, para el PSOE, “es necesario impulsar decididamente la conservación del empleo de las personas con discapacidad sobrevenida que, por tal hecho, no son incapaces para desarrollar otras tareas compatibles con su estado de salud y capacidad en la empresa y garantizar la adaptación de la regulación vigente a la Directiva de la Comisión Europea sobre Igualdad de Trato en el Empleo y la Ocupación, y a la Convención de la ONU, desarrollando una serie de medidas con el objetivo de mejorar la situación de las personas con discapacidad sobrevenida y favorecer su mantenimiento en el empleo”.
