Mikel Legarda, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, ha asegurado hoy que la medida policial por la que el Gobierno español ha desplazado numerosos efectivos de Policía y Guardia Civil a Catalunya en cometidos de orden público y que sea el Ministerio quien dirija a los Mossos es “inconstitucional e ilegal” y ha acusado también a la Fiscalía de “hacer trampa legal y constitucional”.
En la sesión de control, en una pregunta dirigida al Ministro del Interior, Legarda ha asegurado que la aplicación de los artículos 38 y 42 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos, a la que apela el Gobierno español para defender una intervención directa de Guardia Civil y Policía fuera de sus competencias en Catalunya, y que sea el Ministerio quien dirija a los Mossos, “no es aplicable en Catalunya”. Tal y como ha explicado el diputado jeltzale, “lo era con el Estatut del 79, pero no lo es con el de 2006”, en virtud de la Disposición Final Segunda de la Ley de Fuerzas y Cuerpos.
Legarda, además, ha señalado que el artículo 164 del vigente Estatut “no habilita la aplicación en Catalunya de esos artículos de la Ley de Fuerzas y Cuerpos” y ha añadido que en Euskadi “tampoco son de aplicación desde el principio”.
Por ello, Legarda ha insistido en que “no se puede apelar a la Ley de Fuerzas y Cuerpos para movilizar en Catalunya a Policía y Guardia Civil en cometidos de orden público y para dirigir a los Mossos. Ustedes incumplen la ley que dicen defender”, ha criticado.
“Ahora, por tanto, el Gobierno, aplicando la Ley de Fuerzas y Cuerpos, hace trampa legal y constitucional, y también lo hace la Fiscalía a su Dictado”, ha dicho Legarda, pero ha lamentado que “al Gobierno le dará igual. El TC nunca suspende las decisiones del Gobierno y sus sentencias tardan años”, ha zanjado.
Por último, Legarda ha insistido, además, en que “recurrir a la fuerza judicial, de la Fiscalía y policial no es la solución; ni siquiera es el camino” y ha reprochado al Ministro que el Gobierno español “olvida que la democracia demanda por igual imperio de la ley y consentimiento ciudadano”.
