La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha agilizado la gestión de los 13,5 millones del Impuesto sobre la Renta para las Personas Físicas (IRPF) de 2017 para fines sociales que el Estado ha asignado a la Comunitat Valenciana, para que 120 entidades del tercer sector puedan cobrar por adelantado el cien por cien de las ayudas, con el fin de evitar «un gran perjuicio a la ejecución DE 340 programas dirigidos a la población más vulnerable», según ha indicado la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra.
El Consell, ha explicado, tuvo que aprobar un Decreto Ley de manera «urgente», tras la «lentísima gestión» del gobierno de España en dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal Constitucional que cuestionaba el reparto autonómico de los fondos del 0,7% del IRPF para fines sociales, lo que había generado «una enorme angustia» entre las entidades del tercer sector, que en su mayoría trabajan con «personas en situación de gran vulnerabilidad».
Así, ha criticado la «indolencia y laxitud o la falta de gestión y de previsión en la acción política del Gobierno español», que tardó más de cuatro meses en convocar a las autonomías para acordar un nuevo sistema de reparto de estos fondos, con consecuencias directas sobre personas y colectivos, frente a la «diligencia y esfuerzo» del Consell en solucionar y facilitar las gestiones para dar una respuesta al tercer sector y que los fondos les lleguen «por el bien de las personas beneficiarias».
Desde la Vicepresidencia y Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, se ha considerado este asunto como «una prioridad política de primer nivel» y, por eso, ha liderado las negociaciones para conseguir la gestión de estas subvenciones, «dándole la máxima importancia y haciendo un esfuerzo extraordinario para el mantenimiento de la atención a las personas beneficiarias de los programas financiados a través del IRPF».
Desde el Gobierno valenciano, ha explicado Oltra, se ha trabajado con previsión para que las entidades que desarrollan programas dirigidos a la población más vulnerable «no padezcan el retraso del Gobierno central en dar respuesta a la nueva situación de reparto» y puedan cobrar por adelantado el cien por cien de las ayudas, y de esta forma, evitar «un gran perjuicio a la ejecución de los referidos programas, que no recibirían la financiación que necesitan».
Por ello, el Consell aprobó el pasado 8 de septiembre el Decreto Ley 4/2017, por el cual se modifica la Ley 14/2016, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para 2017, que fue ratificado el pasado miércoles por Les Corts y que da «la mejor solución, la más rápida y la que más palíe la angustia actual de estas entidades que, sin este decreto-ley, verían muy dificultada su acción social».
Por motivos de urgencia y necesidad, ha justificado Mónica Oltra, había que modificar el artículo 44 de la Ley de Presupuestos de la Generalitat para 2017 para incluir el supuesto de igualar el régimen de entrega de la subvención al del resto del Estado y poder anticipar hasta el 100% de la cantidad subvencionada.
Esta modificación legislativa, ha asegurado la vicepresidenta del Consell, supone un compromiso con la estabilidad de la financiación a las entidades del tercer sector, que por su trabajo con las personas más frágiles «no pueden estar sometidas a la inseguridad o la inestabilidad, y tampoco, pueden abordar unos pagos fraccionados cuando estamos a punto de entrar en el tercer trimestre del año como si se tratara de un ejercicio ordinario».
La vicepresidenta ha explicado que, en todo caso, el reparto de este año se ha aceptado por lo «urgente de la situación» y para evitar perjuicios a las entidades, pero ha advertido de que desde el Consell se va a pedir una mejora en el reparto del año próximo porque lo contrario supondría asumir «una infrafinanciación para las entidades valencianas».
En este sentido, ha explicado que, atendiendo a criterios poblacionales, a la Comunitat le corresponderían 26,5 millones de euros y ha interpelado al Gobierno central para retomar las negociaciones que hagan posible un nuevo modelo basado en criterios «objetivos y territorializados».
En cuanto a la convocatoria de ayudas para este año, Oltra ha adelantado que su departamento ya ha elaborado la orden de bases que regulará la convocatoria de las subvenciones y que se encuentra en la fase final de la tramitación administrativa para su publicación inmediata. Además, también se ha acordado el calendario de la convocatoria.
Asimismo, ha asegurado que todo el proceso y las decisiones al respecto, incluidas la fórmula de reparto de los fondos, las bases y la convocatoria, se ha llevado a cabo en estrechada colaboración con las entidades del sector y los acuerdos se han adoptado por unanimidad en la mesa de coordinación.
