La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha explicado hoy, a petición propia, en la Comisión de Obras Públicas de Les Corts: «las consecuencias económicas que ha supuesto la dejación de funciones de la anterior Conselleria en la gestión de los peajes en sombra de la CV-95, la CV-35 o la CV-50». «La inacción y la falta de control del anterior gobierno con las concesiones de las autovías nos está costando mucho dinero a todos los valencianos», ha indicado la consellera.
Ante esta situación, Salvador ha afirmado que el actual Gobierno valenciano está actuando para «revertir la situación en aquellos casos en los que se ha llegado a tiempo porque han pasado demasiado años sin que la administración haya actuado como corresponde».
La consellera ha explicado que con la modalidad de «peaje en sombra» utilizada por la anterior administración, «las empresas hacían las obras y la Generalitat pagaba después un canon a lo largo de muchos años que generaba una importante deuda pública así como el crecimiento exponencial de los costes para la Administración». Según ha advertido la consellera, si se hubiesen ejecutado los tres contratos firmados bajo esa fórmula, la Administración a lo largo de los años de concesión, hubiera pagado 1.971 millones de euros, mientras que el presupuesto máximo de ejecución de las tres obras ascendía a solo 367 millones de euros.
Como consecuencia de la utilización de esta práctica, ha expuesto la consellera, la Generalitat ha sido condenada en marzo por la actuación del anterior Gobierno a indemnizar por lucro cesante a la empresa a la que se le adjudicó la construcción de una nueva Autovía en la CV-95, en el tramo Orihuela costa. El pago de esta indemnización, que puede ascender a 9,5 millones de euros, se debe que la anterior Conselleria renunció, en el año 2012, a ejecutar la obra de forma unilateral sin la opción de llegar a un acuerdo mutuo y, por tanto, el lucro cesante es el beneficio especulativo dejado de percibir por la empresa concesionaria. Ante esto, ha lamentado que «tengamos que pagar ahora todos los valencianos esta indemnización por la mala actuación del anterior gobierno y además sin que esta autovía se haya construido nunca».
En contraposición, Salvador ha hecho referencia a la resolución por mutuo acuerdo del contrato de concesión para la CV-50 en el tramo de la variante Benaguasil y la Autovía A-4, que ha tenido que impulsar el gobierno actual «pensando en el interés general y para evitar los menos perjuicios posibles para el erario público». «Esta obra -ha señalado- fue adjudicada por la anterior Conselleria en 2006 y a pesar de los diversos anuncios de que el Consell del PP iba a resolver la concesión nunca hicieron nada, ha sido la actual Conselleria la que ha iniciado el proceso».
Así la resolución contractual se ha hecho por mutuo acuerdo con una indemnización de 2.629.773,56 euros a la empresa contratista, que corresponde a los gastos que le ha generado dicha actuación y que son potencialmente aprovechables para la Administración, así como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales que pagó la empresa a la Generalitat en su momento. En este caso se excluye cualquier derecho a indemnización en otro concepto, especialmente por «lucro cesante», no como sucedió con la CV-95 que por «la inacción del gobierno ahora todos tenemos que pagar 9,5 millones de euros».
En cuanto a la CV-35 entre Valencia y Losa del Obispo, la consellera ha manifestado que en julio de 2012, la anterior consellera Bonig acordó la suspensión temporal parcial sine die del contrato en una serie de aspectos. Ahora la actual conselleria ha tenido que regularizar los pagos a la empresa y ha levantado la suspensión del contrato para que vuelva a estar en vigor en todos sus términos. Por tanto, «estamos exigiendo a la concesionaria que cumpla con sus obligaciones, como por ejemplo mantener el alumbrado artificial de la Autovía, como no había hecho en ningún momento el gobierno anterior».
Por otra parte, la consellera de Obras Públicas también ha explicado en la Comisión la situación de la N-332 y ha instado al Ministerio de Fomento a acelerar los trámites para el desdoblamiento de la N-332 a su paso por la localidad de Torrevieja. Salvador ha recordado que la N-332, que discurre por la Comunitat Valenciana desde Pilar de la Horadada hasta la entrada de Valencia, forma parte de la Red de Interés General del Estado y, por tanto, depende del Ministerio de Fomento, y no existe ningún convenio o protocolo que vincule a la Generalitat en la ejecución de este proyecto.
