En pleno conflicto secesionista catalán ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Cartagena una nueva reunión de la mesa de trabajo que estudia la viabilidad de la provincia de Cartagena “y otras formas de descentralización administrativa”.
La reunión, celebrada en la sala de concejales del Palacio Consistorial, contó con la asistencia de representantes de los grupos municipales, de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca (FAVCAC) y la Plataforma 2es+ y donde se ha dado a conocer el dictamen del Colegio de Procuradores de Cartagena en relación a los juzgados o tribunales necesarios para el partido judicial de Cartagena.
Según los procuradores, la inexistencia de la provincia de Cartagena, “priva a los habitantes de nuestro entorno de un juzgado especializado en materia de contratación (clausulas suelo); juzgado de lo mercantil; juzgado de familia; juzgado de menores, así como un juzgado de jurisdicción civil”.
Del mismo modo, se ha informado de las conclusiones del estudio realizado por un miembro de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Pablo Pérez García, donde se ha expuesto “la discriminación sufrida por Cartagena en los presupuestos regionales durante los últimos años”.
El informe se basa en informaciones recabadas de la administración regional donde se determina el gasto territorializado por municipios.
“Una vez obtenido este dato –añade el Ayuntamiento, artífice del proceso por la doble provincialidad en la Región- los números fueron extrapolados a los gastos per cápita de cada municipio al objeto de tener cifras comparables”.
“Lo que se concluye de esta análisis –añade- es que, de 2008 a 2015, el gasto territorializado per cápita destinado al municipio de Cartagena fue claramente inferior a la media regional”.
Pérez fijó la cifra exacta que le hubiera correspondido al municipio de Cartagena en el caso de haber percibido una financiación similar a la media regional. Así las cosas, y siempre según el citado informe, Cartagena dejó de recibir unos catorce millones de euros.
Un proceso en marcha
Los integrantes de la mesa han determinado por otro lado presentar, en la próxima reunión, a celebrar el 6 de noviembre, un documento que evidencie el posicionamiento de cada participante, “así como la hoja de ruta que estima más adecuada”.
De estas aportaciones surgirá un texto consensuado que se elevará a pleno para buscar su refrendo definitivo, paso previo al establecimiento de una reunión con el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, al objeto de informarle sobre el dictamen emitido por la mesa, así como el protocolo de actuaciones más inmediato.
La puesta en marcha de esta mesa fue aprobada por unanimidad en el pleno del pasado 24 de octubre de 2016 y se constituyó el 25 de noviembre de ese mismo año, celebrando desde entonces reuniones mensuales.
