El Banco de Santander pensó que el caramelo envenenado de los bonos convertibles que ofreció a los afectados del Banco Popular se lo iban a quitar de las manos. Intentaron aprovecharse de la situación límite en que se hallan muchas de las más de 300.000 familias que fueron arruinadas y garantizarse su impunidad de cara a las demandas judiciales y se han encontrado con la dignidad de los afectados.
Como ya hemos publicado en Diario16, la oferta de bonos convertibles, el «regalo» del Santander, era un caramelo envenenado puesto que se trataba de un producto similar a un bono subordinado que daría un 1% de rentabilidad y que el afectado deberá mantener durante 7 años antes de poder cobrar en metálico el valor del producto. Quienes aceptasen este producto podrían venderlo antes de que finalice ese plazo. Los cálculos más optimistas del Santander estimaban en que se podrían acoger a la oferta comercial un total de 110.000 afectados, con un coste de 985 millones de euros, una cantidad que no asume el banco presidido por Ana Patricia Botín, sino que se cargará al capital del Popular, es decir, que el Santander carga los costes al Popular, pero recoge los beneficios.
Sin embargo, el producto podría ser paralelizado con las «preferentes», puesto que, según el propio folleto «los bonos de Fidelización presentan complejidades que las hacen generalmente no convenientes para inversores minoristas como los Beneficiarios». La oferta estaba condicionada a la firma de una declaración en la que los afectados afirmarían «conocer que los Bonos de Fidelización son un producto complejo que adquieren sin recomendación o asesoramiento de ninguna entidad de Grupo Santander y que han sido informados de su falta de conveniencia […] una operación no resulta conveniente cuando el cliente carece de conocimientos y experiencia necesarios para comprender la naturaleza y riesgos del instrumento financiero sobre el que va a operar», además de que no se han realizado los test de conveniencia a los clientes «dadas las características especiales de los bonos de Fidelización que son ofrecidos». Además, estos bonos de fidelización tienen carácter perpetuo y, por tanto, sin valor de vencimiento, es decir, que si, pasados los 7 años que indicó el Santander para poder cobrar, la entidad se niega a hacer efectivo el valor, nadie podrá demandarlo por la tipología del producto. Es decir, un nuevo caso de preferentes.
Ante esta situación, el Santander ha pretendido colocar los bonos a costa de lo que sea para evitarse un 40% de las demandas y para continuar sacando beneficio de la ruina de cientos de miles de afectados, entre los que se encuentran miles de empleados. Sin embargo, se ha encontrado, por más que Rami Aboukhair afirmara con optimismo que un 50% de los afectados ya se habían acogido a la oferta de los bonos, con que los clientes del Popular no se han dejado engañar por el «regalo» del Santander. Ya hemos afirmado que un 74% de los 300.000 arruinados son pensionistas o jubilados y que otro alto porcentaje son empleados. La gran mayoría rechazó la oferta comercial. También accionistas institucionales lo han rechazado, tal y como confirmamos en este medio. Un ejemplo es la negativa de las instituciones de la Iglesia Católica a acogerse a los bonos de Ana Patricia Botín.
Mientras el Santander pretendía rentabilizar y aprovecharse de la ruina a la que había llevado a más de 300.000 familias y garantizarse su silencio judicial, los afectados han puesto de manifiesto su dignidad, la misma dignidad con la que están llevando la difícil situación en que una decisión no tomada por los verdaderos dueños del Popular les ha dejado, la misma dignidad con que recuperarán lo que se les hurtó una noche del mes de junio.
