Los secesionistas decían que esa investigación, que llevó a la Guardia Civil a registrar el Ayuntamiento de Girona y otras sedes, era un “ataque contra el procés”. Lo mismo se afirmaba con la Operación Pika, porque Españya ens roba es mucho mejor que reconocer que quienes realmente han robado a los catalanes y catalanas son sus propios dirigentes. Que toda la familia Pujol esté investigada es una muestra más de la represión del Estado dicen. Pero el caso es que es más probable que Puigdemont acabe siendo inhabilitado por el caso AGGISA, que por sus actos secesionistas.
Se debaten los juristas, especialmente los parajuristas, sobre qué artículo del código penal aplicar a Carles Puigdemont y sus socios del Govern por todas las trapacerías que viene cometiendo en los últimos meses. ¿Rebelión? ¿Sedición? ¿La 13/14? Toda una vida los juristas haciendo creer a los demás españoles y españolas que tenían el poder del conocimiento y resulta que no sabían. El pobre Pablo Casado, jurista también, invocaría alguna ley medieval que es más acorde a su mentalidad, lo que sea con tal de ver en la cárcel o en la pira a los secesionistas. La realidad, a pesar de lo que digan los conservadores españoles (azules y naranjas), es que el código penal no es claro. Por eso todas las declaraciones medidas del Govern para enmarañar lo judicial.
Sin embargo, el juez Manuel Marcelo, del juzgado de instrucción n° 2 de Girona, parece que tiene más claro que en la empresa pública del agua de Girona, Salt y Sarriá de Ter (AGISSA) se desviaron 10 millones de euros mediante facturas falsas y pagos por servicios no prestados. A ello se podrían sumar comilonas, regalos y demás accesorios típicos de las tramas corruptas. Como el Jaguar y los viajes a Paris que no conocía Ana Mato.
Tras denuncia de la CUP, por tanto no hay mano negra del Estado represivo, todo se ha ido destapando y cercando a Puigdemont. Quien, mediante informe del interventor del Ayuntamiento de Girona, conocía de primera mano las irregularidades que se venían cometiendo. Y esas circunstancias las conocía el ex-President el 19 de noviembre de 2015, pocos meses antes de ser nombrado como máximo responsable de la Generalitat.
No se ha probado, aunque las grabaciones realizadas a Josep Manel Bassols indican que pretendían seguir con el 3% gracias a Puigdemont. Nada hay probado aún en este sentido, pero procesalmente tan sólo por las irregularidades supuestamente podrían imputarle los delitos de prevaricación y/o malversación de caudales públicos. Penas que conllevan inhabilitación para cargo público. Por tanto, salvo que algún jurista ilumine el camino, es más probable que Puigdemont caiga antes por la corrupción que por la secesión. Algo que las palabras del ministro Méndez de Vigo, respecto a que le gustaría que el ex-president se presente a las próximas elecciones, dan a entender. O bien en el PP no tienen argumento jurídico, o bien se están riendo Puigdemont y Rajoy de todos los españoles y españolas.
