La diputada socialista y portavoz de consumo en el Congreso de los Diputados, Begoña Tundidor, planteó en la Cámara Baja la necesidad de aprobar una Ley de Segunda Oportunidad efectiva que «proteja a los particulares frente al sobreendeudamiento; una ley que de verdad sirva para reestructurar las deudas tanto de las familias como de los autónomos, sin poner en riesgo sus necesidades esenciales».
El Pleno del Congreso aprobó una proposición no de ley (PNL) del PSOE en este sentido. «Lo que el Grupo Socialista pretende con esta iniciativa es hacer justicia. Es necesario disponer de mecanismos legales que otorguen una segunda oportunidad a las personas que están sobreendeudadas». Tundidor ha reprochado que estas medidas han sido repetidamente reivindicadas por la sociedad civil, jueces, abogados, trabajadores autónomos y «propuestas, entre otros, por el Partido Socialista en los últimos años, sin que el Partido Popular diese su brazo a torcer para que la ley cumpla su imprescindible función social».
La diputada socialista ha criticado que la actual Ley de Segunda Oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de fuera aprobada como «Real Decreto Ley, sin consenso, deprisa y mal». Los datos demuestran que las expectativas no se han cumplido ya que, entre otras cosas, el número de concursos presentados ronda los 1.400 en toda España, frente a los más de 100.000 anuales que se tramitan en Francia o Alemania, y la realidad es que «se podría acoger a este procedimiento muchísima más gente».
En España tan sólo las empresas cuentan con la posibilidad real de liquidar deudas, pero «no las familias y autónomos. El objetivo del Gobierno al aprobar la ley de segunda oportunidad tendría que haber sido el superar esta anomalía con respecto al resto de países europeos y resarcir a las personas sobrepasadas por las deudas», afirmó la portavoz socialista.
La PNL del PSOE insta a modificar la Ley Concursal para permitir al juez paralizar la ejecución hipotecaria en caso de insolvencia justificada no dolosa y de que sea imposible acordar la aplicación de la dación en pago, valorando la vivienda en el precio establecido para la concesión del préstamo, es decir, eliminando el periodo de cinco años en el que las deudas exoneradas pueden volver a ser reclamadas.
De igual modo se pretende permitir que las deudas con Hacienda y con la Seguridad Social puedan negociarse en el acuerdo extrajudicial de pagos y ser exoneradas del pasivo insatisfecho del deudor, con la máxima seguridad jurídica siguiendo criterios técnicos.
Además, se equipararían los porcentajes de voto necesarios para aprobar un acuerdo extrajudicial de pagos de las personas naturales a los requeridos para la formalización del convenio en los concursos de acreedores, y, finalmente, flexibilizar los requisitos para que los deudores más vulnerables puedan cancelar sus deudas mediante la dación en pago de su vivienda habitual, manteniendo el derecho a permanecer en su vivienda durante tres años con un alquiler que no supere el 30% de los ingresos de la unidad familiar del deudor.
Además, para el PSOE es fundamental proteger la situación de colectivos especialmente vulnerables, como los que tienen a cargo a un menor de edad o a una persona en situación de dependencia y establecer un nuevo modelo de vivienda protegida de forma permanente en alquiler, con precio de referencia tasado objetivamente, fijando el umbral de esfuerzo económico de acceso en el máximo de un tercio de la renta familiar disponible.
Begoña Tundidor ha denunciado la «celeridad con la que el Partido Popular rescató a las entidades financieras contrasta con el procedimiento impulsado para salvar a las personas afectadas por la crisis. A los bancos, dinero rápido y sin contraprestaciones. A los ciudadanos, en cambio, largos y complejos mecanismos que difícilmente permiten empezar de nuevo».
Por su parte, el diputado de Ciudadanos, Rodrigo Gómez, ha defendido que «no se trata de ayudar a quien no quiere pagar, sino a aquellos que en estos momentos y por diferentes circunstancias no pueden, pero que si les dejamos respirar en un futuro podrán pagar y salir adelante», además de explicar que «nuestros emprendedores con sus pequeños negocios no quieren subvenciones o ayudas, les basta con que no se lo pongan más difícil, que no les pongan trabas que solamente les generan problemas».
