España no sólo olvida, sino que incrementa los obstáculos para garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación en relación con los crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos cometidos en el pasado. La falta de investigación judicial, la ausencia de datos oficiales o la inexistencia de disculpas oficiales que trasciendan a un mero reconocimiento genérico de lo que pasó, son algunos de los obstáculos que impiden que el Estado pueda dar garantías de no repetición de estos crímenes.
Amnistía Internacional ha presentado al Parlamento 10 medidas para avanzar de forma efectiva en el reconocimiento del derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. Algunas de estas medidas serían la aplicación de las recomendaciones de organismos internacionales en relación con la Ley de Amnistía o con la imprescriptibilidad de los crímenes de derecho internacional; la promoción de una Comisión de la Verdad con el mandato de investigar los abusos graves cometidos en esa época; la adopción de un instrumento integral de coordinación y canalización de búsqueda de niñas y niños «robados»; el impulso de medidas que contemplen la formulación de disculpas públicas que trasciendan un mero reconocimiento genérico y que precisen la naturaleza de los actos criminales, sus circunstancias y la realidad concreta de los daños infligidos. En este sentido, sugiere establecer un Día Institucional en recuerdo y homenaje a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.
La verdad silenciada
Ni las víctimas, ni sus familias han encontrado recursos ni facilidades para conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones de derechos humanos. El derecho a la verdad supone que las víctimas podrán conocer las circunstancias en que se produjeron los hechos y cuál fue el destino final de las personas desaparecidas y fallecidas.
Mariano Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, afirmó que por parte del Estado «se consolida un silencio prolongado en el que no hay datos oficiales sobre el número de víctimas, existen grandes dificultades y restricciones en cuanto al acceso a documentos, especialmente los relacionados con fondos militares, policiales o de la Iglesia».
En lo que concierne a la localización e identificación de personas víctimas de desaparición forzada, no existe una base de datos central sobre el número de desapariciones, ni coordinación de las actividades de exhumación e identificación. Tampoco se ha actualizado el mapa de fosas realizado por el Ministerio de Justicia en el año 2011.
En este sentido Beltrán ha sido muy claro: «España privatiza las exhumaciones, al delegar en familiares y asociaciones la obligación estatal de localizar e identificar a las víctimas de desaparición forzada que, como dice Naciones Unidas, crea un efecto perverso que obliga a los familiares a escoger entre su derecho a enterrar a sus seres queridos y la posibilidad de poder un día establecer una verdad “oficial” sobre las circunstancias de su muerte. Ademas, desde 2013, el Gobierno no destina ninguna partida prespuestaria a este fin, por lo que la otorgación de subvenciones para exhumaciones e identificaciones de los restos dependen exclusivamente del buen hacer de algunas comunidades autónomas o Diputaciones Provinciales. La privatización de las exhumaciones contribuye a la indiferencia de las instituciones del Estado, incluyendo las autoridades judiciales, que no se personan cuando se descubre una fosa con lo que tampoco se registran oficialmente las exhumaciones».
También las investigaciones por casos de niños y niñas robados han encontrado numerosas dificultades en España, tal y como ha señalado el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU. Estas víctimas encuentran especiales dificultades a la hora de acceder a documentación esencial para el esclarecimiento de los hechos, que se demora en ocasiones por periodos de varios años, y que en muchos casos obtienen sólo después de haber encontrado, gracias a sus propias pesquisas, a sus familiares, que son quienes solicitan formalmente esta información.
Reparación efectiva
La reparación debe ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido. Sin embargo, las compensaciones económicas ofrecidas hasta ahora por el Estado español se han otorgado de forma parcial y sin conexión con la condición de víctimas de violaciones graves de derechos humanos. Asimismo, las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo no fueron incluidas en el Estatuto de la Víctima, lo que supone una oportunidad perdida de cara a afrontar los desafíos que el Estado español tiene con respecto a estas víctimas.
No es aceptable que el Estado español haya impuesto recorridos procesales infructuosos a quienes se han dirigido a la Justicia para reclamar la revisión o nulidad de procesos manifiestamente injustos que concluyeron con sentencias de muerte.
Amnistía Internacional ha reconocido algunos avances a nivel autonómico en relación con las víctimas, pero lamenta que las medidas no formen parte de una política de Estado consistente, incluyente y global en favor de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición que puedan aplicarse en todo el país.
Campaña #EstaNavidadToca
Amnistía Internacional presentó la campaña #EstaNavidadToca con un emotivo anuncio navideño que resultará muy familiar para recordar al Estado español que la justicia y el reconocimiento de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo no pueden ser una cuestión de suerte. A través de la voz de cuatro testimonios, la campaña pide firmas para exigir que se den pasos para garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas de estos crímenes. A lo largo del último año, Amnistía Internacional ya ha recogido más de 218.000 firmas con esta petición.
