El Banco Central Europeo deja muy claro los puntos sobre los que asentar la idoneidad de los miembros de los órganos de dirección y establece una serie de principios y criterios de evaluación. En referencia los primeros, destaca la responsabilidad principal de las entidades de crédito y su función de salvaguardia. Los bancos tienen la obligación de y la responsabilidad de seleccionar y nombrar miembros del órgano de dirección que cumplan con una serie de requisitos de idoneidad. El Santander no puede manifestar que ha cumplido con dicho principio puesto que diferentes hechos demostrarían que, presuntamente, miembros de su Consejo de Administración y de su Comité Ejecutivo no hacen honor a la honorabilidad por la comisión de presuntas infracciones como, por ejemplo, la adelantada por Diario16 en referencia a la finca de Mijas, además de otras que presentaremos en este artículo.
En referencia a los criterios de evaluación, el BCE establece una serie de criterios que son muy claros: la reputación, los conflictos de interés y la idoneidad colectiva. Respecto a la primera, el Santander ha tenido en los últimos años numerosos escándalos en los que se han visto inmersos sus más altos directivos, una conducta que, además, es reiterativa.
Recordemos el caso de las cesiones de crédito en la que estuvo procesado el propio Emilio Botín junto a Rodrigo Echenique, Ricardo Alonso Clavel y José Ignacio Uclés. Las acusaciones contra estos dirigentes fueron archivadas por una maniobra procesal creada ex professo y ex novo por la Audiencia Nacional y que dio lugar a lo que se ha denominado como Doctrina Botín. Estas cesiones de crédito eran una modalidad de inversión desarrollada por el Santander por la cual la entidad traspasaba una tercera parte de un crédito contraído con una empresa sin que se practicaran retenciones a los rendimientos, lo que ofrecía un modo de eludir el pago a Hacienda de cantidades equivalentes al 28% del capital invertido. Estas operaciones reportaron al Santander una cantidad cercana a los 2.584 millones de euros que supusieron un perjuicio a la Hacienda Pública estimado en 872 millones de euros. Fue sorprendente el hecho de que tanto la Fiscalía como el Abogado del Estado se unieran a los letrados del Santander en la petición de sobreseimiento de la causa, sobre todo teniendo en cuenta el perjuicio económico que el producto en cuestión había generado al Estado español.
Otro caso que afecta a la reputación fue el de la ocultación por la familia Botín de un 8% del capital social de Bankinter al no comunicarlo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Esta ocultación se hizo a través de sociedades opacas en paraísos fiscales, hecho que conllevó una imposición de sanciones publicadas en el Boletín Oficial del Estado. Ese mismo día la CNMV impuso dos sanciones al Banco Santander por infracciones muy graves por un valor de 16,9 millones de euros.
La familia Botín, además, ocultó al fisco sus cuentas en el HSBC en Suiza, hecho que se supo gracias a la publicación de la Lista Falciani. Según la información del ex analista, la familia Botín ocultaba en el país helvético una cantidad aproximada de 2.000 millones de euros escondidos en un entramado societario en diferentes paraísos fiscales. Por esta información, la familia regularizó pagando 200 millones a Hacienda. Según la propia familia, este dinero fue sacado de España en el año 1.936, es decir, que tres generaciones de miembros de los Botín ocultaron en redes societarias en paraísos fiscales esa cantidad de 2.000 millones de euros sin que ninguna autoridad ni durante el franquismo, ni durante la democracia, hicieran nada para que se regularizara la situación. Sin embargo, aunque se reglara la situación, había un presunto delito fiscal que debía ser investigado y que, casualmente, fue archivado.
A consecuencia de las cuentas ocultas de la familia Botín en Suiza, en la actualidad se encuentran abiertas diligencias en la Audiencia Nacional en las que están imputados Ignacio Benjumea y toda la cúpula del departamento de Cumplimiento y Prevención el Blanqueo de Capitales. Según un acta del Banco de España, se había detectado que el Santander permitía a la alta dirección estar al margen del servicio de reporting sistemático contra el blanqueo de capitales.
El Santander, además, mantuvo en su puesto de Consejero Delegado a Alfredo Sáenz a pesar de haber sido condenado en sentencia penal firme. No cesó en su cargo hasta que el Tribunal Supremo declaró nulo el escandaloso indulto que le concedió el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
No se puede olvidar en estos escándalos la implicación del Santander en la Operación Nelson relacionada con los cuantiosos pagos a Ausbanc y con la estrecha relación existente entre Luis Pineda (imputado y en prisión preventiva por presuntos delitos de extorsión) y Juan Manuel Cendoya Méndez de Vigo (vicepresidente del Consejo y director general de Comunicación, Marketing Corporativo y Estudios). La instrucción de la causa viene revelando la fluida comunicación de Cendoya con Pineda y los favores prestados entre los que destaca la contratación del hijo de Pineda en el Santander de Londres entre otras cosas. Ausbanc formaba parte de la acusación en el caso de las cesiones de crédito de la que se retiró, al parecer, después de que el banco hubiera, presuntamente, accedido a la extorsión.
No podemos olvidar los últimos escándalos o los últimos comportamientos poco éticos aplicados por el Santander en su necesidad de supervivencia. La compra del Popular por un euro ha tenido comportamientos que podrían ser calificados como una presunta estafa y que, como es lógico, están siendo estudiados por la Justicia, tal y como estamos informando en Diario16. Por otro lado, las estrategias poco éticas de control de empresas estratégicas y tecnología como Duro Felguera o Abengoa, o la relación con personajes como Miguel Zorita también influyen claramente en la pérdida de prestigio del Santander y el incumplimiento de las normas del propio BCE.
Esta relación de escándalos, las sanciones de la CNMV y las operaciones que sobrepasan la línea de la ética mínima exigida a una entidad como el Santander están provocando que varios de sus máximos accionistas se estén planteando una renovación total de los máximos órganos de gobierno del banco, presidencia incluida. Sin embargo, no son sólo los principales accionistas, sino que entre los minoristas ya se están organizando en diferentes plataformas para exigir responsabilidades en la próxima Junta General de Accionistas o para reclamar la celebración de una Junta Extraordinaria para solicitar la dimisión o forzar el cese de Ana Patricia Botín y del actual Consejo.
