El Santander debía dejar todo atado antes de dar el paso final. No podía haber sorpresas. Por eso indicó al Popular cómo debían actuar cuando llegara el momento, y eso se hizo en el despacho Uría y Menéndez más afín al Santander, el mismo que hace lobby por la entidad cántabra o la que se encargó de contratar bufetes para provocar conflictos de interés de cara a las demandas que vendría por parte de los más de 305.000 arruinados. Diario16 ha tenido acceso al documento en el que se dan las instrucciones sobre cómo comunicar la inviabilidad y otros que se pergeñaron en las oficinas del bufete. Esto es una muestra de esa documentación:
Esta conversación tuvo lugar en la mañana del 2 de junio —un día antes de que llegara la oferta de Barclays, cuatro días antes de la del Deutsche Bank y unos días antes de la fuga de depósitos por 14.000 millones de euros— entre Joaquín Hervada Yáñez, secretario del Consejo de Administración, y el bufete de referencia del Santander cuatro días antes de la reunión del Consejo de Administración y de la noche de la intervención, es decir, ya lo estaban preparando todo. En esta transcripción se asesora desde el despacho cómo justificar ante el Consejo de Administración que el banco era inviable, como consecuencia de que no se informara de las ofertas de Barclays ni de Deutsche, aunque, tal y como se afirma en dicha transcripción, era fundamental dejar claro que «no basta con la posibilidad más o menos hipotética si las circunstancias reales de los planes para evitar la inviabilidad ponen de manifiesto que no son realistas, aunque sea posible que se hagan realidad esas medidas que corregirían los incumplimientos». Por otro lado, se reconoce que «la comunicación de inviabilidad no conlleva que el banco deba ser puesto en resolución necesariamente y de inmediato».
Por otro lado, el Santander ha realizado una nueva jugada para retrasar a la Justicia y ganar tiempo para generar un escenario de «tierra quemada» que impida a las más de 305.000 familias recuperar lo que se les quitó con nocturnidad y alevosía en la madrugada del 6 al 7 de junio.
Los abogados de la entidad presidida por Ana Patricia Botín han acudido a una táctica procesal en la que reclaman que se archiven todas las causas abiertas porque, como la decisión fue adoptada por la Junta Única de Resolución, debe ser el Tribunal General de la Unión Europea quien determine las cada vez menos presuntas irregularidades cometidas para que el Santander pudiera hacerse con la sexta entidad financiera del país.
Por un lado, utilizar esta argumentación que falta al respeto al Poder Judicial español, demuestra que en los despachos de la zona noble de Boadilla del Monte hay miedo a que un juez pueda determinar lo que todos intuyen: que la operación fue un cúmulo de irregularidades en los que se podrían haber cometido los presuntos delitos de manipulación del mercado o de estafa, además de haberse saltado la legislación concursal española, para poder entregar por un euro el Popular al Santander.
La decisión la adoptó la JUR, eso es cierto, pero hubo otros movimientos que se ejecutaron en España y que, en consecuencia, deberían ser juzgados por nuestros tribunales, movimientos que fueron la causa principal de que la Junta de Resolución interviniera al Popular. Todos los movimientos de Emilio Saracho estuvieron encaminados a debilitar al banco que presidía.
Los ataques al valor del Popular que generaron tanto pánico entre los depositantes y los accionistas se ejecutaron en España, ataques que venían desde posiciones bajistas como Marshall Wace o BlackRock, el primero gracias a la posibilidad de operar en nuestro país gracias a JP Morgan Chase (el banco de Saracho); el segundo, el máximo accionista del Santander.
La inacción del Banco de España y de la CNMV ante estos ataques de los bajistas también se produjo en nuestro país. El permitir que el Popular fuera atacado inmisericordemente por las posiciones a corto en vez de suspender la cotización o de prohibirlas, tal y como se hizo con Liberbank, debe ser juzgado por los tribunales españoles porque los europeos no tienen competencia para ello.
La ocultación de las ofertas para ampliar capital de Barclays y de Deutsche Bank se produjo en España, no en Europa.
El freno interesado por parte de Saracho de la venta del TotalBank al BCI chileno por una cantidad de 540 millones también se produjo en España y no en Europa. Este hecho es importante puesto que ahora el Santander pretende venderlo a la misma entidad por 140 millones menos, pero el beneficio de esta operación lo obtendrá la entidad cántabra y no el Popular.
La JUR tomó la decisión de intervenir a la sexta entidad española a través de la documentación que le envió Saracho respecto a la última reunión del Consejo de Administración, una documentación que viene acompañada también de posibles irregularidades.
En primer lugar, por la carta que encabeza esos documentos puesto que no tiene ninguna validez dado que la firma no se corresponde con la del presidente del Popular ni va acompañada de antefirma ni de sello del banco.
La JUR ya tiene suficiente información para ver este asunto y no entrar en complicidad con la presunta estafa. Cualquiera pudo escribir la carta y firmarla. Su silencio al respecto de este documento raya ya con la complicidad en la presunta estafa. En segundo lugar, porque la estrategia para decidir la inviabilidad del Popular se decidió antes de que se celebrara esa reunión en un despacho citada. Diario16 seguirá mostrando la documentación procedente de ese despacho que lo certifica. En tercer lugar, porque en ese mismo documento salido del despacho de abogados del Santander se determina que «el único incumplimiento de ratios se consideró por el Consejo no significativo porque había un plan creíble para retornar al cumplimiento».
Todo ello por no hablar del secretismo y la opacidad a la hora de entregar la documentación por la que se adoptó la decisión de regalar el Popular al Santander por un euro. La negativa de la JUR para entregar el informe provisional de Deloitte —una grosería técnica, según los inspectores del Banco de España—, Congreso de los Diputados incluido, es ya un hecho sospechoso sobre la legalidad de todo el proceso. No está en juego el sistema financiero europeo, como afirmaron cuando el Congreso lo solicitó, lo que está en juego es la supervivencia del Santander.
La entidad presidida por Ana Patricia Botín está acostumbrada históricamente a que los tribunales les hagan caso y tapen sus escándalos. Este nuevo movimiento de sus abogados va encaminado a continuar utilizando esa presunta impunidad y a ampliar los plazos para que, una vez que la Justicia actúe, se pudiera encontrar con un escenario en el que la operación no pueda ser anulada. Hacerlo como lo han hecho debería ser causa suficiente para despertar las sospechas en la Audiencia Nacional y que el juez Andreu (aunque más que posiblemente esté trabajando en ello) adopte con la misma celeridad que en otros muchos casos más o menos recientes en la misma Audiencia Nacional medidas cautelares que impidan al Santander continuar haciendo negocio con lo que es una parte del patrimonio de los accionistas del Popular, de las víctimas de la salvación del Santander.
