En un país como España resulta extraña la ligereza de la Administración de Justicia a la hora de aplicar medidas preventivas a los miembros del Govern de Catalunya que declararon unilateralmente la independencia, mientras que en otros casos en los que los afectados tienen su vida en juego no se hace nada y se está permitiendo con esa pasividad que no se puedan encontrar soluciones una vez que estén determinadas actuaciones ilegales.
Mientras que en apenas una semana desde la DUI se presentó la querella de la Fiscalía que hizo que fueran llamados a declarar en la Audiencia Nacional los miembros del Govern y en el Tribunal Supremo los componentes de la Mesa del Parlament que fueron partícipes de la DUI, ya han pasado más de 4 meses desde que la Audiencia Nacional admitió a trámite algunas de las demandas y recursos de los afectados del Banco Popular y ni siquiera se ha llamado a declarar a nadie ni, y esto es lo más importante, se han tomado medidas cautelares respecto a la operación del Santander para generar una situación de «tierra quemada» que impida cualquier decisión de la Justicia que vaya en contra de la entidad presidida por Ana Patricia Botín.
¿Está actuando la Justicia con distinta diligencia dependiendo del asunto que se trate? ¿El poder Ejecutivo está presionando al Judicial para que sus actuaciones sean de tipo exprés para satisfacer intereses políticos? ¿Controla el Santander al poder Judicial? Una respuesta positiva a cualquiera de estas tres preguntas sería un bochorno para nuestro sistema democrático, sobre todo con la percepción de Justicia politizada que el pueblo tiene del Poder Judicial y de que sólo actúan en favor de los poderosos.
Las más de 305.000 familias arruinadas por el Santander pueden ahora mismo estar cuestionando el papel que está teniendo el juez Andreu en comparación con la diligencia, la rapidez y la eficacia de la jueza Lamela. Legítimamente pueden estar preguntándose por qué se han tomado las medidas cautelares contra Oriol Junqueras y el resto de miembros del Govern cesados mientras se está permitiendo que el Banco de Santander esté acelerando los tiempos para aniquilar todo el patrimonio del Popular para, de este modo, cuando el señor Andreu decidiera adoptar medidas cautelares encontrarse con un escenario de hechos consumados y evitar que se tomen decisiones que puedan afectar a los cálculos de rentabilidad que el Santander ha hecho sobre el Popular.
Casualmente, cada vez que se produce cualquier movimiento o acontecimiento que puede afectar a la operación, se filtran informaciones contrarias a los intereses de los afectados que condicionan a la propia Justicia, tal y como hemos visto recientemente respecto a la petición de concurso necesario de acreedores que todas las fuentes jurídicas consultadas por Diario16 coinciden en que es viable que esa petición sea aceptada por el Juzgado de lo Mercantil número 9 y, por tanto, que paralice totalmente la operación. No obstante, «alguien» ya se encargó de filtrar a los medios afines que no tiene ninguna posibilidad, tal y como ha ocurrido con la desestimación de la misma. Todo esto ocurre justo en los días en los que se están celebrando los primeros encuentros entre el Santander y la Representación Legal de los Trabajadores para que la entidad presidida por Ana Patricia Botín les presente el plan de reestructuración y la fusión de las dos entidades antes de que dejen al Popular sin personalidad jurídica.
Fernando Andreu tiene la obligación jurídica de paralizar la operación para evitar que el Santander le presente un escenario de «tierra quemada» sobre la que no podrá tomar ninguna decisión. Cada minuto que le deja vía libre el perjuicio que se está provocando a las más de 305.000 familias arruinadas es mayor del que ya se les infligió con nocturnidad y alevosía en la madrugada del 7 de junio.
