Además de las más de 305.000 familias arruinadas por la compra por un euro del Popular por el Santander, los más afectados por esta operación que está llena de tantas dudas, incluso para los mercados, serán los trabajadores tanto de la entidad intervenida como de la «compradora».
Sorprende el hecho de que, mientras la Representación Legal de los Trabajadores y el Santander están negociando las condiciones del Expediente de Regulación de Empleo en los Servicios Centrales de ambas entidades, un ERE en el que serán afectados más de 1.500 empleados, ya sea a través de despidos, ya sea por medio de prejubilaciones o de externalización a empresas como, por ejemplo, BlackStone, en diferentes portales de empleo en internet aparezcan ofertas de empleo para trabajar en oficinas del Banco Popular de diferentes provincias: Girona, Tarragona, Islas Canarias, Illes Balears y Madrid.
Este ofrecimiento no se ha hecho a la plantilla de los Servicios Centrales que está afectada por el ERE que se está negociando. Chocante.
Ante esta situación, ¿cómo van a reaccionar el Comité de Empresa del Popular, sus trabajadores y los sindicatos? ¿Van a permitir los trabajadores del Santander que esto ocurra con sus compañeros y no van a pedir explicaciones teniendo en cuenta que el ERE que está diseñado no sólo afectará a los empleados del Popular sino también a los de la entidad cántabra? Lo mismo les podría pasar a ellos. ¿Los trabajadores de los dos bancos, ¿pedirán explicaciones a sus representantes sindicales respecto a esta práctica engañosa?
Por otro lado, según distintas fuentes de los propios trabajadores del Popular, se ha instalado un escenario de histeria y paranoia en el Santander para evitar que se saque información de la entidad, llegándose incluso a prohibir cargar sus móviles por puerto USB, algo que hasta ahora estaba permitido. El Santander ha impuesto un modelo de control estricto para evitar que salga información que no quieren que salga a la luz, lo que lleva a la siguiente reflexión: si tanto miedo hay, si tanto se está presionando a los trabajadores, si incluso se llega a la prohibición de poder cargar sus teléfonos móviles, es que hay demasiado que ocultar porque la situación de la entidad presidida por Ana Patricia Botín y dirigida por su guardia pretoriana sería muy delicada de cara a la evaluación para mantener su categoría de banco sistémico y, sobre todo, para seguir existiendo.
