Dicen que ha pasado la crisis aunque persiste la recesión. Bueno, en términos generales y si nos creemos al cien por cien las estadísticas y datos del Gobierno, es una afirmación válida; es irrefutable que cuantitativamente hablando se está creando empleo.
Otra cosa muy distinta es la calidad del empleo que se genera; principalmente temporal y en condiciones muy precarias. Tenemos la segunda tasa de temporalidad en Europa, el 27%, solo superados por Polonia. Hay que señalar que dicha tasa de temporalidad se dispara al 73% entre los jóvenes menores de 25 años; desgraciadamente también hacemos “pódium en esta disciplina”.
Incluso la contratación indefinida que se está generando es “falsa” en un porcentaje muy elevado, pues más del 50% de los contratos indefinidos que se celebran tienen una duración inferior a un año; esto se produce por el uso y abuso del “contrato de apoyo a emprendedores”, uno de los elementos más dañinos de la reforma laboral del Gobierno de Rajoy en 2012.
Qué decir de la contratación a tiempo parcial, donde más del 60% no es voluntaria por parte del trabajador/a.
Son datos que nos dan una idea de la mala calidad del empleo en esta España que crece, pero a qué coste y en qué condiciones para los trabajadores.
No obstante, lo dicho hasta aquí no es un fraude, no es más que la consecuencia de la reforma laboral antes citada; aquella que Luis de Guindos anunciaba a Junker como “muy agresiva”. En esto al menos no mentía.
El fraude no está en el acceso al trabajo mediante un contrato, el fraude viene en el desarrollo del contrato. Hay que combatir los distintos fraudes que cometen los empresarios, en las condiciones en las que los trabajadores y trabajadoras tienen que desempeñar su puesto de trabajo.
Está siendo muy habitual que trabajadores con contratos de tiempo parcial hagan más de 40 horas semanales, es un fraude múltiple, por ejemplo:
- Contrato a tiempo parcial con vinculación formativa (Ley 11/2013), con bonificaciones entre el 75% y el 100% de la cuota empresarial por contingencias comunes. Es un contrato en el que en muchas ocasiones la formación brilla por su ausencia. Al estar dirigido a jóvenes menores de 30 años, tenemos bajo este contrato a trabajadores muy formados, a los que tampoco se les respeta la jornada y terminan haciendo jornada completa.
Pero el fraude no sólo está vinculado a la PYME, a la contratación precaria y al empleo temporal. En el sector financiero, que es un sector con altos índices de contratación indefinida, cuyas empresas están anunciando incrementos en sus beneficios de dos dígitos: los cinco grandes bancos de este país se jactaron de obtener 3.989 millones de euros en el primer trimestre del presente año, lo que representó un incremento medio del 28,5% más que en el mismo periodo de 2016.
Prolongación de Jornada: un eufemismo que se ha adoptado en ausencia del debido pago de las horas extras no reconocidas
Los tres grandes: Santander, BBVA y Caixabank, al cierre del tercer trimestre del presente año, sumaron 10.014 millones de euros en beneficios más que en los nueve primeros meses del años 2016, lo que supone un incremento del 10%, el 23,3% y el 53,4% de incremento respectivamente para cada entidad.
Pues bien, en este potente sector financiero, se está destruyendo empleo a mansalva; vamos hacia los 90.000 empleos destruidos y el cierre de más de 17.000 oficinas desde 2008, y además actualmente se está sobre explotando a los trabajadores y trabajadoras que han mantenido su puesto de trabajo en el sector.
Dicha sobreexplotación no es nueva ni sobrevenida con la crisis. Toma la denominación de “Prolongación de Jornada”; un eufemismo que se ha adoptado en ausencia del debido pago de las horas extras no reconocidas y por ende no pagadas. Esta situación provoca un fraude a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública dado que no se cotiza ni se retiene IRPF de lo que no se paga.
Los subterfugios que utilizan las empresas son múltiples: reuniones, formación, etc. El caso es que lo que debería ser una situación puntual ha terminado siendo un hecho habitual. A lo anterior hay que añadir que de cada oficina que se cierra, la carga de trabajo se traslada a otra oficina en la que por lo general no se incrementa el número de plantilla.
Las plantillas en el sector financiero han mermado y hace ya muchos años que es difícil ver una sucursal bancaria con más de 3 ó 4 trabajadores incluido el director de la oficina. Además, las plantillas administrativas de antaño, han mutado en plantillas de perfil muy comercial, el caso es que la formalización de los productos que se venden por la mañana: concesión créditos, tarjetas, pólizas de seguros, etc., se hacen por la tarde con la puerta de las oficinas cerrada.
La Unión General de Trabajadores (UGT) realizó un estudio en 2014 sobre la situación del Sector. En aquel estudio, 3 de cada 4 trabajadores, el 78%, declaraba prolongar su jornada por encima de lo establecido en el Convenio Colectivo Sectorial. El 40,34% declaraba que lo hacía por exceso de trabajo y el 34,5% por presiones de sus superiores. Las conclusiones de aquel estudio decían que con el efecto “Prolongación de Jornada” se amortizaban entre 10.000 y 14.000 puestos de trabajo.
En la sociedad se han instalado algunos “mantras”, con la inestimable ayuda de la opinión publicada; uno de ellos es el “¿y qué hacen los sindicatos?”. Pues bien, los sindicatos mayoritarios vienen denunciando en todas las formas a su alcance esta situación: desde los estudios técnicos como el referido de la UGT, pasado por los intentos de resolver este problema en el seno de la negociación colectiva sectorial, acudiendo en multitud de ocasiones a la Inspección de Trabajo y denunciando estas prácticas ante los Tribunales de Justicia.
Este mismo año, el Tribunal Supremo ha revocado una sentencia de la Audiencia Nacional, por la que se obligaba a Bankia a establecer el control horario de la plantilla. El TS ha dado la razón a las empresas en su argumento de que no se producen horas extras: claro que no, porque no se pagan, lo que no significa que no haya fraude y que esas horas trabajadas gratis no estén contribuyendo al beneficio empresarial, ni que el erario público no se esté perjudicando al no recibir las cotizaciones y tributos que debería recibir.
Desde el Sector Financiero, Seguros y Oficinas de la FeSMC-UGT estamos siguiendo muy de cerca el trámite parlamentario de la proposición de ley que presentó el Grupo Parlamentario Socialista, que ha sido aprobado por el Pleno del Congreso para poder pasar a su desarrollo de ponencias y enmiendas, al objeto de modificar los artículos 34 y 35 del Estatuto de los Trabajadores y obligar a la empresa, a todas, a establecer controles de horario a cuya información tengan acceso los propios trabajadores, sus representantes legales y la Inspección de Trabajo.
Hay que combatir el fraude múltiple de las empresas o de lo contrario continuará el deterioro del Sistema Público de Pensiones, el Estado de Bienestar y se seguirá profundizando en la precarización del mercado laboral.
Roberto Tornamira Sánchez es Secretario Federal del Sector Financiero, Seguros y Oficinas de FeSMC-UGT