Según diferentes informaciones publicadas en los últimos días, la Audiencia Nacional ha trasladado una consulta a la Unión Europea para comprobar si los recursos contra la intervención deben ser juzgados en España o en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para evitar que dichos recursos sean «sobrejuzgados». Por consiguiente, la Audiencia Nacional está adoptando los mismos argumentos que las defensas del Santander respecto a si los tribunales españoles tienen competencia para juzgar la intervención del Popular. Por otro lado, la propia Fiscalía ha determinado que existen indicios de delito en la ampliación de capital de 2.016 utilizando los mismos argumentos que se usaron en el caso Bankia y encausando a los Consejos de Administración de Ángel Ron y de Emilio Saracho.
Ambas noticias tienen una intención diabólica: desanimar a los afectados de que se querellen, en primer lugar, contra la propia operación y, en segundo lugar, de demandar al Santander porque, viendo cómo la Justicia está alargando el proceso en contraposición con la velocidad aplicada a los procedimientos en otros asuntos de máxima actualidad o cómo se está ajustando a las tesis judiciales del Santander podrían llegar a pensar que no se les va a hacer justicia y se les va a devolver lo que les arrebataron con nocturnidad y alevosía la madrugada del 6 al 7 de junio.
En primer lugar, hay que solicitar que los departamentos de comunicación de las instituciones de la Justicia española que sean quienes informen a los distintos medios sobre los movimientos de los distintos órganos en relación al caso Popular porque hay demasiado en juego y no se puede estar jugando a realizar filtraciones interesadas a medios de comunicación con vínculos con el Santander. Esos comunicados de prensa deben estar a disposición de TODOS los medios y, por la delicada situación de las más de 305.000 familias, ser lo más explícitos posible para, precisamente, no caer en la tentación de desanimar a que se tomen medidas legales contra los principales responsables de esta situación.
En segundo lugar, la Justicia debe ser justa, diligente e independiente, que es lo mínimo exigible para el Poder Judicial, y no caer en las presiones que estará recibiendo para entrar en razonamientos de leguleyo o en complicadas interpretaciones de la ley que profundicen en esa impunidad que parece tener el Santander. Diario16 ha presentado en la Audiencia Nacional documentación que demuestra que las 305.000 familias afectadas, además de haber sido arruinadas, fueron presuntamente estafadas. Con esas pruebas el juez Andreu ya tiene presuntamente documentación suficiente como para adoptar medidas cautelares hasta que se dilucide si la carta con la que se inició todo el proceso de intervención tiene o no tiene validez legal por la dudosa firma de Saracho y la falta de elementos identificativos o corporativos (antefirma y sello). Además, hemos aportado el acta del último Consejo de Administración en el que Emilio Saracho no menciona en ningún momento ni las ofertas para la ampliación de capital realizadas por Barclays y Deutsche Bank o las negociaciones que se estaban celebrando de manera paralela entre altos ejecutivos del Popular y directivos del Santander. Como presidente del banco estaba obligado a hacerlo y, por ende, el Consejo informar a la CNMV, lo que, probablemente, hubiera paralizado la cotización y, en consecuencia, habría frenado los ataques de los bajistas Marshall Wace (JP Morgan) y BlackRock. Sólo con la documentación presentada por Diario16 ya hay suficientes indicios delictivos como para que no se permita que el Santander siga haciendo negocio y desguazando a una entidad que la propia Justicia podría obligar a devolver a sus verdaderos dueños: los más de 305.000 accionistas.
Por otro lado, sorprende la diligencia que ha tenido el Banco de España a la hora de nombrar dos peritos muy cercanos al Gobernador para analizar las cuentas del Popular y que aún no se haya dado orden judicial de realizar un peritaje que determine la veracidad de la carta presuntamente firmada por Emilio Saracho en la que se declaraba la inviabilidad del Banco Popular.
Cuando Fernando Andreu rechazó tomar medidas cautelares respecto a la operación porque el daño que se podría generar sería mayor que la reparación de los afectados, permitió indirectamente que el Santander llevara adelante una estrategia de «tierra quemada» que busca, precisamente, eso, que la Justicia tenga un escenario en el que le sea imposible tomar medidas cautelares o retrotraer la operación.
La Justicia debe ser justa siendo independiente y, en el caso del Popular, tener en cuenta todos los indicios que este medio está publicando respecto a que a los más de 305.000 afectados fueron presuntamente estafados. Razones para paralizar cautelarmente la operación, por comparcion sabida, hay de sobra, tal y como estamos demostrando, porque, si no se hace, el Santander provocará que el daño sea irreversible y, por tanto, la Justicia será injusta aquí y en Brusela.
