Polétika, una red formada por más de 500 organizaciones de la sociedad civil enfocadas a vigilar las iniciativas y compromisos adquiridos por los partidos políticos en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, ha publicado su informe anual que evalúa las iniciativas tanto del Gobierno como del Parlamento en esta materia, y las compara con las promesas realizadas en el periodo electoral. El resultado de estos doce meses es “decepcionante”.
A pesar de la intensa actividad política que ha marcado el año el bienestar de las personas no ha ocupado el protagonismo debido. El informe es contundente: «El bloqueo de iniciativas ha sido constante por parte del Gobierno y la Mesa del Congreso de los Diputados que han usado su mayoría para vetar o ralentizar iniciativas que luchan contra la pobreza y la desigualdad. Como ejemplo, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que contempla una prestación a 1,8 millones de familias con bajos ingresos y sin derecho a subsidio por desempleo, permanece secuestrada por el Ejecutivo y no termina de tramitarse tras 21 aplicaciones del periodo de enmienda». A todo esto hay que unir el casi nulo compromiso presupuestario con la igualdad.
12,9 millones personas (27,9% de la población) viven en riesgo de pobreza o exclusión social y la pobreza infantil severa afecta a más de 1,4 millones de niños, según el informe Arope. La combinación de precariedad laboral y bajos salarios afecta a los jóvenes, a las familias y se agudiza entre las mujeres con una brecha salarial que se mantiene en el 19,9%, según confirman los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística. La imagen no mejora en el panorama internacional. Políticas como salud, infancia o igualdad de género siguen siendo deficientes para reducir la desigualdad, a lo que hay que unir que España vive el peor año de sequía sin compromisos relevantes para la lucha contra el cambio climático.
El mundo vive la mayor crisis de desplazamiento global y la falta de fondos destinados a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), partidas presupuestarias que son imprescindibles para acercarse al compromiso adquirido con la Agenda 2030. En este sentido Polétika también es muy contundente en su informe: «Se podían haber adoptado grandes medidas políticas, a la altura de los retos nacionales e internacionales y que repercutieran en el cambio real en la vida de las personas, pero no lo han hecho. Es, sin duda, una mala noticia porque todo parece indicar que lo que iba a ser un Gobierno de pactos basado en la negociación entre fuerzas políticas está resultando ser un Parlamento bastante activo a la hora de proponer, pero bloqueado a la hora de legislar y aprobar».
El Gobierno y el Parlamento dieron algunos pasos positivos, pero insuficientes para que representen un cambio real en la vida de millones de personas como: la subida del salario mínimo interprofesional en un 8%, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, así como la elaboración del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y transición energética tras el Acuerdo de París, los avances en la Ley de Transparencia y regulación de los lobbies o la creación de la Comisión no Legislativa de Derechos de Infancia y Adolescencia. No obstante, ha habido nulos avances o retrocesos en otras áreas, como el incumplimiento con el compromiso de acogida de las personas refugiadas en el que España apenas ha traído al 11% de los refugiados comprometidos, la negación a derogar el Real Decreto-Ley 16/2012 para la sanidad universal o el insignificante presupuesto en AOD, sólo 0,21%.
Por todo ello, urge un giro inmediato y ambicioso en las iniciativas políticas presentadas en lo que va de legislatura para que se garanticen los derechos de las personas, especialmente, las más vulnerables. Es una condición necesaria si España quiere avanzar en el cumplimiento del compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, firmados en 2015.
Las principales conclusiones del informe podrían desglosarse en distintas materias. En lo referente a la protección social, este primer año de gobierno de Mariano Rajoy es un año perdido. A pesar de que 1,8 millones de familias de bajos ingresos y sin derecho al subsidio por desempleo podrían beneficiarse de la única iniciativa parlamentaria en protección social con visos de éxito, una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por los sindicatos y apoyada con 700.000 firmas, esta permanece secuestrada por el ejecutivo y no termina de tramitarse tras 21 aplicaciones del periodo de enmiendas.
En lo referente a la fiscalidad, ha habido escasos avances y se han bloqueado múltiples iniciativas. En el primer año de la presente legislatura no ha habido ninguna medida en la línea de reforzar la progresividad del sistema fiscal español y las que ha habido de lucha contra el fraude han sido escasas y de muy corto alcance. Se ha dado leves mejoras en la fiscalidad de las empresas, pero en general enfocadas en garantizar la recaudación en el corto plazo a costa de comprometer los ingresos de años posteriores.
Se han presentado muchas iniciativas en torno a la infancia pero no ha habido cambios reales porque no se ha llegado a incluir ninguna partida presupuestaria ni se han implementado cambios legislativos. La infancia es el colectivo más vulnerable y, como tal, necesita políticas adecuadas que garanticen sus derechos. Si bien todos los grupos han propuesto iniciativas relativas a las cuestiones de infancia, para cumplir con sus compromisos electorales se precisa que las iniciativas se concreten, que se avance en legislaciones pendientes y que se definan dotaciones presupuestarias.
En referencia a la indignidad de los salarios en España, el informe muestra cómo se han aplicado algunos cambios pero que son claramente insuficientes. La lucha contra la pobreza y la desigualdad exige salarios dignos y justos. Aunque se avanzó algo con el aumento del salario mínimo interprofesional en 2017, deben implantarse subidas anuales significativas para garantizar que se alcancen los 1.000 euros de SMI a finales de esta legislatura. En cuanto a la brecha salarial de género, tanto Gobierno, PSOE y Unidos Podemos proponen obligar a las empresas a ser transparentes en los sueldos; el consenso nos acerca a una posible iniciativa concreta en la desigualdad salarial entre hombre y mujer.
En relación con la protección de civiles en conflictos internacionales, el gobierno de Mariano Rajoy sigue sin asumir la cuota de refugiados que se comprometió y sigue sin dar signos de que la agenda humanitaria esté entre sus prioridades. Más bien, ha demostrado falta de voluntad política como tónica general en estos asuntos frente a un Parlamento mucho más activo y exigente con el Ejecutivo, que ha demostrado que esta es una agenda prioritaria.
En lo referente a la educación se ha avanzado poco o nada. El primer año de Gobierno ha supuesto en materia de educación un año marcadamente continuista, con escasos avances y mucha incertidumbre. El informe insiste en que es preciso derogar la LOMCE y abrir un proceso de diálogo real y abierto con toda la comunidad educativa y la sociedad civil, para consensuar una nueva ley educativa sostenible, sin intromisiones de los poderes fácticos. Además, es urgente revertir los recortes educativos y aumentar la inversión.
Hay mucha lentitud del Gobierno ante un escenario de urgencia por el cambio climático y transición energética. España afronta la peor sequía de los últimos 20 años y continúa batiendo récords de aumento de temperatura. En este escenario de urgencia climática, el informe se sorprende de la lentitud del Gobierno en la aprobación de medidas que permitan transitar hacia una economía baja en carbono que deje atrás los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas), causantes del calentamiento global. El anteproyecto de Ley de Cambio Climático y transición energética que el Gobierno debe tener listo en el primer trimestre de 2018 es una oportunidad única para crear un marco jurídico que acelere la transición hacia las energías renovables y con ello avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030.
En este primer año de Gobierno los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados han abordado debates importantes en dos ejes temáticos fundamentales para avanzar en materia de Transparencia y Acceso a Información: la reforma de la Ley de transparencia y la regulación de la actividad de los lobbies. Sin embargo, ninguna de estas iniciativas se ha traducido aún en la aprobación de medidas concretas
En materia de políticas de crédito, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género se queda vacío de contenido si no hay garantías presupuestarias para llevar adelante las medidas aprobadas. El Pacto de Estado ha sido negociado y aprobado, pero su implementación y ejecución presupuestaria aún no están garantizadas: es imprescindible la aprobación de la modificación presupuestaria para garantizar los primeros 200 millones en 2018. En torno a la organización social de los cuidados, tema medular para avanzar en el ejercicio real de los derechos humanos de las mujeres, hay pequeñas iniciativas aún sin impactos significativos y se mantiene el olvido y nula prioridad del gobierno actual en relación con la estructura de igualdad.
España continúa sin política de Cooperación para el Desarrollo. La situación actual es insostenible.
El Gobierno continúa con su inmovilismo en materia de sanidad y en la devolución de la universalidad. La actual legislatura se muestra absolutamente continuista en materia de sanitaria en cuanto a la postura del Gobierno frente al Real Decreto Ley aprobado hace cinco años que excluyó a miles de personas, arrebatándoles su derecho a la salud y configurando un sistema más insolidario e ineficiente. Tan sólo podemos destacar algunos anuncios de iniciativas para modificar la práctica actual de negociación de los precios para nuevos medicamentos y para avanzar en la transparencia del acceso a datos de salud y económicos.
