La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha exigido al Ejecutivo central «responsabilidad y sensibilidad» para establecer los mecanismos y las infraestructuras necesarias y adecuadas para la acogida de los inmigrantes que llegan a las costas andaluzas. En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, la presidenta ha demandado a M. Rajoy que de manera «urgente» aborde con los países del norte de África la puesta en marcha de proyectos de cooperación para reforzar el sistema de atención a la infancia, y que negocie medidas y financiación ante la Unión Europea. «Hacen falta medidas eficaces y sólo serán eficaces si se trabaja en origen y de manera urgente», ha subrayado la socialista.
Díaz se ha referido también a la situación que padece medio millar de inmigrantes que permanecen en la prisión de Archidona (Málaga) desde la pasada semana: «Los inmigrantes que llegan a nuestras costas no pueden acabar en una cárcel, eso no lo puede justificar nadie, y así se lo he trasladado al ministro Zoido».
La presidenta andaluza ha recordado que hasta noviembre se ha contabilizado la llegada a las costas andaluzas de casi 15.000 inmigrantes, el triple de los que llegaron en el mismo periodo del año anterior, y 671 pateras, el doble que el ejercicio pasado. Desde la llegada al Gobierno de Rajoy, «ha habido un incremento del 338% en el número de inmigrantes que han llegado a las costas andaluzas».
A estos datos se suma el hecho de que, hasta octubre de este año, más de 2.200 menores extranjeros han ingresado en el sistema de protección de Andalucía. Esto ha obligado a la Junta a habilitar un dispositivo de emergencia con 300 plazas adicionales en Almería, Cádiz y Granada. La presidenta, quien ha precisado que se trata de un asunto de competencia estatal, ha recordado que hace unos días ya trasladó al presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, la necesidad de reforzar la cooperación en origen, la colaboración, el intercambio de información y estrategias comunes con países del norte de África, como Marruecos o Argelia, «para frenar y controlar los flujos de inmigración irregular, en especial de los menores no acompañados que son carne de cañón para las mafias de trata de personas».