El Juzgado de Instrucción de Lorca al que correspondió por reparto la deducción de testimonio enviada por la juez que tramitó el caso Auditorio deberá investigar si el expresidente de la Comunidad Autónoma Pedro Antonio Sánchez y otras personas pudieron incurrir en algún hecho delictivo en la adjudicación de las obras de rehabilitación de un puente sobre la rambla de Nogalte y una pasarela en Puerto Lumbreras.
Así se ordena en un auto dictado por la Audiencia Provincial de Murcia que deja sin efecto otro del primer Juzgado que acordó archivar las actuaciones y no investigar porque el fiscal se pasó en dos días el plazo de que disponía para solicitar que la instrucción de la causa fuese declarada compleja.
La Audiencia señala que ese plazo de seis meses no debe ser aplicado de forma automática, por lo que considera que en este caso no procedía el sobreseimiento solo porque se hubiera superado en dos días.
El testimonio deducido por el Juzgado de Instrucción de Lorca que tramitó el caso Auditorio trata de que se investigue si en la adjudicación de las citadas obras sobre la rambla de Nogalte, en los tiempos en que Sánchez era alcalde de Puerto Lumbreras, se pudo incumplir la ley con el desdoblamiento del presupuesto global en varias partidas para escapar al control exigido para el caso de que las mismas superaran el tope de doce mil euros.
