El exdiputado murciano del PP Andrés Ayala, que desde finales de octubre ostenta el cargo de presidente de la oficina anticorrupción del Partido Popular, fue nombrado a escondidas por el Ministerio de Fomento, hace casi un año, como consejero del Administrador de Infraestructuras Ferroviaras (Adif).
Un documento enviado por Adif a la Bolsa de Irlanda, donde la empresa emite bonos, fue la clave para conocer ayer jueves la incorporación del exdiputado Ayala como consejero de la entidad pública, según reveló eldiario.es.
Sobre Ayala se cierne la sospecha sobre un contrato millonario con AENA. Unidos Podemos preguntó el pasado mes de mayo en el Congreso por una adjudicación millonaria de AENA a una empresa vinculada a Andrés Ayala. La empresa semipública adjudicó en febrero de 2016 un contrato para explotar hasta marzo de 2025 dos salas de juego en sendos aeropuertos de su red (Alicante y Málaga) al grupo murciano Orenes, una de las mayores empresas del sector del juego en España. Con esta compañía tenía y tiene una estrecha vinculación el exdiputado murciano del PP.
El nombramiento, que no ha sido comunicado ni por el Ministerio de Fomento ni por la propia Adif, se ha conocido por su inclusión del citado documento que la empresa ha remitido a la Bolsa de Irlanda.
Ayala fue portavoz de Fomento del PP en el Congreso desde el año 2003 hasta 2016, donde se encargó de fiscalizar, entre otras, las actividades de Adif.
El documento enviado por el gestor ferroviario detalla que el político murciano fue nombrado vocal por orden del Ministerio de Fomento el pasado 17 de febrero.
Adif confirmó que Ayala es consejero de esa filial y de la propia Adif y miembro de sus comisiones de Auditoría. La compañía recordó que «las asistencias a las comisiones no están remuneradas» y no ofreció detalles sobre las retribuciones en forma de dietas de asistencia de las que disfruta el exdiputado.
Ayala, además, forma parte del comité auditor de Adif, según el mismo documento, que también informa, entre los casos judiciales que afectan a la sociedad pública, de las diligencias abiertas en un juzgado de Murcia por el presunto fraude de más de 30 millones de euros en las obras del AVE entre Alicante y Murcia, caso conocido como ‘Operación César’.
En el último congreso nacional del PP, celebrado en febrero en Madrid, Ayala entró en la lista para la Junta Directiva del partido; días después accedió al consejo de administración de Adif, y en octubre fue designado presidente de la Oficina del Cargo Popular, considerada como el órgano anticorrupción del partido.
