Se presenta con naturalidad. Como si fuese algo lógico. Una adenda al enjuiciamiento del Govern tras la DUI. Pero, empero, no lo es. No es lo mismo. No tiene el mismo significado. Y en esa diferencia reside la calificación de Marta Rovira (lo mismo se puede aplicar a Anna Gabriel, Marta Pascal, Neus Lloveras, Mireia Boyá o Artur Mas) como posible presa política. La supuesta pertenencia al Comité Estratégico del procès puede llevarles a la cárcel por sus ideas.
Sí. Así de claro. Cuando se ha negado a los secesionistas el lenguaje utilizado para referirse al Govern y los Jordis, con mayor lógica que la presente, en este caso no cabe negar la evidencia. Si estas personas acabasen con sus huesos en la cárcel, serían presos políticos (en el caso de Mas, sólo en este caso, no por las corruptelas que le persiguen). Y esto viene dado porque no son similares los hechos imputados, ni son iguales sus actos.
El Govern ha sido imputado y encarcelado preventivamente por subvertir el orden constitucional. Tanto por no hacer caso de las sentencias del Tribunal Constitucional (declaró inconstitucional el referéndum), como por incitar a la proclamación de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI). Esos son delitos, que aún está por ver cómo los encajan los juristas porque la subversión del orden constitucional no figura en sí (¡Madre mía!) como delito y a nadie se le ocurrió en 40 años. Participar en la elaboración de papeles, de opciones políticas, o cualquier acción hacia la independencia no es delito en una democracia que se precie. Si lo fuese, hasta quien esto escribe debería haber sido detenido hace tiempo por expresar ideas contra la constitución.
El auto del juez Llanera habla de participación en un Comité Estratégico del que habrían participado, o colaborado, estas personas que ahora se investiga (imputa) y que habrán de pasar por el juzgado a declarar con la posibilidad de prisión preventiva, salvable mediante fianza. Se recupera de esta forma, para España, una especie de macartismo que, de momento, no persigue a comunistas, sino a secesionistas. Aquello, las listas negras de comunistas, es una de las mayores manchas contra las libertades que se produjeron en EEUU (y eso que han tenido unas cuantas pese a lo que se suele decir). Ahora, perseguir a alguien por su ideas parece que es el nuevo estilo del gobierno del PP. En especial, la gran muñidora de todo esto, Soraya Sáenz de Santamaría. Por ella es la que ha ideado y ejecutado, con la complicidad del ministro de Justicia, Rafael Catalá, todo el proceso jurídico contra los independentistas.
Y lo que puede ser lógico en un caso, no lo es en otro. No. Porque hacer papeles o dar ideas, salvo que sean para privar a las personas de su bien primordial, la vida, mediante la comisión de atentados terroristas, no es delito. Es más, es un bien democrático que las personas puedan expresarse libremente, y más contra el orden instituido. La Constitución no es sacra, ni inquebrantable, ni perenne. Es sólo un acuerdo adoptado hace tiempo y, que por su misma naturaleza, puede ser revisado o superado por medio de la voluntad popular. Y lo que se expresó el 21 de diciembre de 2017 es la voluntad popular de Cataluña.
Se podrá discutir más o menos sobre el significado en sí, o sobre las soluciones futuras, pero es libre expresión. Algo que parecen no haber entendido las derechas españolas. Que, por cierto, están tan trufadas de nacionalismo racial y culturalista como los secesionistas. Pero están empeñadas en llevar a la cárcel a todo aquel que se oponga a su visión de España, a ese falso misticismo que agitan con tanta fruición como los secesionistas. España como unidad orgánica frente a Cataluña como unidad histórica. Dos mentiras para un conflicto que va a comenzar a quebrar completamente las libertades políticas de la ciudadanía española. Comenzando por convertir en presas políticas a Rovira, Gabriel, Pascal, Lloveras y Boyá.
Y lo peor de todo es que nadie ha dicho nada. Salvo que estén profundamente afectados por los diversos licores que se degustan estas fechas, no es comprensible que nadie se haya percatado de la diferencia política. Que nadie vea que esto ya no es un delito sino una persecución a políticos. Que nadie se oponga al Gobierno que apoya al fascismo en las calles. Que nadie de izquierdas se indigne por estas imputaciones. La capacidad del gobierno y sus medios de comunicación para adormecer las conciencias es peligroso e iliberal (como gustan decir los intelectuales orgánicos).
