La concejala de Izquierda Unida-Verdes en Lorca, Gloria Martín, ha alertado hoy del déficit de parque dedicado a vivienda social y de alquiler en Lorca, lo que está generando un incremento significativo en el número de ocupaciones ilegales (mayoritariamente de inmuebles vacíos propiedad de los bancos). Martín explicó que este fenómeno es una consecuencia directa de la ausencia de una política municipal encaminada a ofrecer alternativas a quienes no pueden comprar una casa, y recordó que la falta de un título habilitante produce la estigmatización de las personas ocupantes, les impide el acceso a servicios públicos, e incrementa el riesgo de exclusión social. Ha asegurado también que, en Lorca, la concentración de ocupación ilegal está actuando como catalizador de procesos de degradación urbana y segregación social en diferentes barrios, como el de Los Ángeles.
Martín señaló que no se trata únicamente de una problemática que afecta a personas sin ingresos económicos, sino que hay muchos trabajadores en activo, con empleos y salarios precarios, fundamentalmente vinculados a la actividad agraria, que tienen “importantísimas dificultades” para encontrar una vivienda en régimen de alquiler a precio asequible.
Por ello, la edil de IU-Verdes ha pedido que el Ayuntamiento ponga en marcha un plan de localización de vivienda desocupada y cree un Servicio Municipal de Alquiler que genere incentivos, ofrezca seguridad a propietarios y arrendatarios, y establezca un marco de regulación de los precios que corresponda a los ingresos de la población, porque “tratar de invisibilizar este problema no lo hace desaparecer”.
Martín también ha propuesto la creación de un fondo de vivienda social, mediante acuerdos con las entidades financieras propietarias de inmuebles desocupados, o el fomento y regulación de la “masovería urbana” (ocupación de una vivienda a cambio de la restauración y el mantenimiento), como una alternativa solidaria y sostenible de garantizar el derecho a la vivienda.
Por último, ha exigido al equipo de Gobierno municipal del PP que redacte el Plan de Vivienda 2018-2023 aprobado en Pleno el pasado mes de junio por iniciativa de IU-Verdes. Dicho plan –en el que estarían incluidos los 59 inmuebles de propiedad municipal ubicados en el barrio de San Fernando– debe establecer líneas de ayuda específica para la emancipación de los lorquinos menores de 35 años, y también facilidades para que familias desahuciadas puedan acceder a una vivienda mediante rentas reducidas.
Martín aseguró que “Lorca necesita un Urbanismo social y participativo, transformador de la realidad, y que coloque en el centro de su política las necesidades básicas de las personas”. Al respecto, recordó que uno de los “deberes” del Ayuntamiento es destinar parte de sus recursos y programas a garantizar el derecho constitucional de acceso a una vivienda digna a sus vecinos y vecinas.
