La Junta de Andalucía realizó pagos por un importe superior a los 8.450 millones de euros en el ejercicio 2017 correspondientes a empresas de bienes y servicios, así como proveedores de suministros del sector público andaluz. El 79% de las facturas abonadas se destinaron a la cobertura de gastos en sanidad, educación y dependencia, ámbitos prioritarios para el Gobierno andaluz.
La mayor parte se destinaron a sanidad donde se han realizado pagos por importe de 4.800 millones de euros. En este ámbito destacan los pagos a las oficinas de farmacia por 1.836 millones de euros, así como 956 millones a la industria farmacéutica, 927 millones de euros en servicios sanitarios, 734 millones de euros a las industrias de tecnología sanitaria y el resto, 347 millones de euros, para proveedores de otros suministros sanitarios.
En educación las facturas liquidadas ascienden a 1.357 millones de euros, mientras que en el sector de la dependencia se han realizado pagos a proveedores por un importe de 735 millones de euros.
Andalucía también ha realizado en 2017 pagos a corporaciones locales por importe de 4.346 millones de euros. Junto al pago de la PIE (Participación en los Ingresos del Estado), que ha supuesto una cuantía de 3.063 millones, destacan los 472 millones de euros por la Participación en los Ingresos de la Comunidad Autónoma (PATRICA), así como los abonos a municipios en materia de dependencia realizados a través de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, por un importe de 275 millones de euros. Además, a través del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, la Consejería de Hacienda y Administración Pública ha realizado pagos por 1.733 millones de euros.
Agilización de los pagos
Este compromiso con los sectores que sostienen el Estado de bienestar también se manifiesta en la reducción de los plazos para el abono de facturas, con el fin de apoyar al sector empresarial de la comunidad y, en especial, a las pymes. Andalucía es la comunidad de régimen común que paga antes a sus proveedores y ha situado su periodo medio de pago a proveedores (PMP) en 2,11 días, según los últimos datos del Ministerio correspondientes al mes de octubre. Esto supone casi 20 días (19,87) por debajo de la media de las comunidades autónomas, que es de 21,98 días.
Andalucía se mantiene desde hace dos años por debajo de la media de las comunidades y cumple holgadamente la normativa de morosidad que marca como límite máximo para el pago a proveedores los 30 días desde que se recibe la factura. Desde enero de 2016, la comunidad acumula un descenso en su PMP de 36,43 días. Además, entre los meses de mayo y julio pasados, la Junta ha realizado sus pagos incluso antes de que comenzara a contar el PMP.
Estos resultados han permitido que hasta ahora, la Junta no haya tenido que activar los procedimientos previstos en el decreto de garantía de pagos, aprobado por el Consejo de Gobierno en enero pasado, por el que se fija un plazo máximo a 20 días para abonar las facturas a los proveedores de servicios públicos esenciales de salud, educación y dependencia en la comunidad. Este dato refleja el importante esfuerzo que viene realizando la Consejería de Hacienda y Administración Pública que dirige María Jesús Montero para avanzar en eficiencia en la gestión de las cuentas públicas.
Concretamente, se han realizado pagos sujetos a estos plazos de pago reducidos por un importe de 5.300 millones de euros desde la entrada en vigor del citado decreto, lo que ha supuesto la tramitación de más de 705.000 facturas en unos plazos muy ajustados para cumplir con el compromiso adquirido.
Este comportamiento positivo avala la gestión de las cuentas públicas que realiza la Consejería, que ha impulsado diversas iniciativas dirigidas a agilizar y dotar de mayor transparencia los pagos. Así, además del decreto de garantía de pagos dirigido a proteger los sectores esenciales del Estado de bienestar, así como defender el mantenimiento y la generación de empleo en los ámbitos que la Junta considera prioritarios, la Consejería también ha aprobado un decreto para que la organización y funcionamiento de la Tesorería General sea más moderna, ágil y eficaz.
Por otra parte, está trabajando en la incorporación durante 2018 de nuevos sectores con tiempos de pago reducidos y garantizados como los vinculados a los trabajadores autónomos, el sector turístico y al derecho a una vivienda digna, ya sea personas perceptoras de ayuda o vivienda social como corporaciones locales.
