La aparición de la Xylella fastidiosa en Baleares levantó la voz de alarma. Una voz que el Ministerio de Agricultura parece no haber escuchado. Isabel García Tejerina afirmó en julio de 2017 que España estaba preparada. Sí, para talar y quemar los árboles infectados, pero poco más como se denunció en Diario 16 Mediterráneo. La consellera de la Comunitat Valenciana, segunda comunidad afectada por la bacteria, Elena Cebrián ha tenido a sus equipos investigando y aislando todas las zonas infectadas, recurriendo a la poda y quema por obligación. Pero desde el ministerio parece que manos cruzadas. Eso es lo que entienden las senadoras Vicenta Jiménez y Margalida Quetglas de Unidos Podemos.
Actualmente es un problema grave para los agricultores de Baleares, afectando a todas sus islas y especialmente a Mallorca. Según los últimos datos existentes, de septiembre de 2017, se contabilizaban hasta 431 casos en Baleares, 280 de los cuales se localizaban en la isla de Mallorca. La plaga también afecta ya a 47 municipios valencianos, el último caso la semana pasada, con una afectación total de 22 de estas localidades y parcial en otras 35. Los primeros casos en la Comunitat Valenciana, y también en la península, se detectaron el pasado mes de junio en la localidad alicantina de Castel de Guadalest, ubicada en la comarca La Marina Baja.
Habida cuenta de que la estrategia de contención y erradicación de la plaga está fallando, Jiménez y Quetglas, senadoras por Alicante y Mallorca respectivamente, urgen al Gobierno a revisar sus planes. Ambas han requerido al Gobierno información relativa a las actuaciones realizadas por TRAGSA (empresa estatal encargada de gestionar problemas fitosanitarios) desglosadas por año, provincia y especie afectada, así como la cuantía de las indemnizaciones que están recibiendo o se prevé que reciban los agricultores que, a día de hoy, están sufriendo actualmente un grave perjuicio.
Ambas senadoras han registrado también una batería de preguntas dirigida al Gobierno para que explique si “incentiva algún tratamiento alternativo al actual, consistente en la erradicación y quema de las plantas afectadas” y que, sin embargo, no ofrece resultados satisfactorios. Quetglas y Jiménez requieren información al Gobierno respecto al protocolo de actuación de TRAGSA , empresa integrada en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y solicitan una estimación sobre los daños económicos que la plaga ya ha causado. Igualmente, ambas senadoras solicitan información sobre los criterios de concesión de indemnizaciones para los agricultores afectados. Las cuales, hasta el momento, están recayendo en las administraciones autonómicas.
“Exigimos al Gobierno la máxima coordinación entre todas las administraciones para garantizar que los protocolos de erradicación funcionan correctamente”, plantea Vicenta Jiménez, quien también exige “esfuerzos para investigar un tratamiento alternativo ante una plaga que amenaza seriamente a un sector tan importante en términos económicos para la Comunitat Valenciana”. Por su parte, Margalida Quetglas insiste en que “los protocolos actuales y el tratamiento que se está aplicando está fallando, como revela el hecho de que la plaga, lejos de estar controlada, siga extendiéndose y siendo ya un serio problema para las Islas Baleares”.
