Tras el proyecto de construcción de una nueva urbanización en Playa Paraíso en La Manga (Cartagena), a orillas del Mar Menor y a cien metros de una zona protegida por su valor ecológico, se encuentra el actual presidente de la Oficina Anticorrupción del PP, el exdiputado Andrés Ayala.
Según consta en el Registro Mercantil, Ayala es desde noviembre de 2016 el secretario del consejo de administración de la promotora inmobiliaria Urbincasa, que ha logrado los permisos para construir un complejo residencial de 130 pisos que se llamará ‘Los Flamencos’, según informa eldiario.es.
La polémica radica en que la nueva urbanización se ubicará a cien metros de las salinas de Marchamalo, lindando con una zona de especial protección de aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC) de la Red Natura 2000.
Además, llama la atención que detrás del complejo urbanístico esté Ayala, que desde octubre se encarga de fiscalizar a los cargos del PP como presidente de la denominada Oficina del Cargo Popular. También fue colocado de tapadillo por el Gobierno en el consejo de Adif, el mayor ente público de gasto en España, y es socio y consejero de varias filiales del grupo de salas de juego Orenes. Esta empresa logró dos adjudicaciones de la empresa pública de aeropuertos, AENA, cuando Ayala era portavoz de la comisión de Fomento en el Congreso, lo que suscitó una gran polémica.
CTSSP pide la paralización de los permisos
Cartagena Sí Se Puede (CTSSP), marca municipal de Podemos, afirma que para “salvar al Mar Menor” hay que paralizar toda construcción, tal y como se aprobó hace un año en la Asamblea Regional, aplicando la “moratoria urbanística” en todo el entorno de la laguna salada.
Ante la noticia sobre la construcción de un nuevo residencial de 130 viviendas en Playa Paraíso, CTSSP va a exigir tanto al Gobierno Local como al Regional la paralización inmediata de los permisos concedidos para poner en marcha dicha obra, acogiéndose a la moratoria urbanística aprobada en febrero de 2017, que pedía la paralización de macrourbanizaciones en el Mar Menor.
Esta moratoria implicaba también la suspensión de la legislación urbanística en toda la zona hasta la promulgación de una Ley del Mar Menor, que sería la responsable de garantizar su protección.
La formación morada denuncia además que ese macroresidencial proyectado está en zona de influencia de Red Natura, por lo que afectaría en su protección, y además se encuentra a menos de 100 metros de las Salinas de Marchamalo, una zona protegida que “no puede quedar expuesta al terrible impacto que supone la presión de una construcción de ese tamaño”.
CTSSP le exige a la alcaldesa de Cartagena que respete la decisión de la Asamblea Regional, apoyada por su propio partido, y que paralice de manera inmediata una construcción de 130 viviendas con 10 pisos de alto que “ocasionará no sólo un grave impacto paisajístico, sino que añadirá más presión sobre una de las joyas naturales de la Región, como es el Mar Menor”.
